El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, exigirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión de este viernes en la Moncloa, que no haya «negociaciones singulares» en materia de financiación autonómica y que el Estado asuma todo el coste de acoger a menores migrantes en la Comunitat Valenciana.
La financiación y la inmigración centran algunas de las 56 medidas que el Consell ha redactado en un documento de 92 páginas, consultado por Europa Press y presentado a 48 horas de la reunión con Sánchez, dentro de su ronda con todos los presidentes autonómicos.
En materia de financiación, Mazón exigirá a Sánchez la reforma urgente del sistema y le recordará que la Comunitat es la comunidad «más castigada» por la infrafinanciación, lo que «ha obligado a recurrir al endeudamiento para cubrir el déficit de financiación para sufragar los servicios públicos básicos».
Reclamará que la reforma se aborde de forma multilateral -en la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)-- y que, hasta entonces, se cree inmediatamente un fondo transitorio de nivelación que iguale a la media «a las comunidades infrafinanciadas». El comité de expertos de Les Corts ha cuantificado ese fondo en 1.782 millones anuales durante los próximos cuatro años.
En cuanto a la deuda, el 'president' defenderá que cualquier condonación parcial de la deuda que no vaya acompañada de la reforma del sistema de financiación es un parche que no resuelve el problema«, pero pedirá que la Comunitat reciba »el mismo trato« si se condona la de otra autonomía, »con criterios claros y sin contraprestaciones«. Rechazará así »firmemente cualquier negociación bilateral para pactar una negociación singular para Cataluña".
En política fiscal, pedirá a Sánchez 352 millones de euros a abonar en 2024 por la disminución del IVA y la suspensión del impuesto a la electricidad -el año pasado, el Consell reclamó 68 millones vía contencioso-administrativo por estos conceptos-.
Sobre fondos europeos, solicitará que la Generalitat disponga de más capacidad de decisión y más seguridad jurídica o que no haya que devolver el dinero sobrante si se cumplen los objetivos.
Servicios sociales
Dentro de las políticas sociales, Mazón planteará la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el pago por parte del Estado del 50% de las prestaciones de dependencia -calcula que a fin de año deberá 3.441 millones de infrafinanciación acumulada-.
También pedirá que el Gobierno asuma íntegramente el coste financiero «real» el cuidado de menores migrantes, ya que «el coste de atenderlos es de seis seis millones anuales», y que se establezcan «las previsiones necesarias para la correcta determinación de su edad».
Otras de sus peticiones serán que el Gobierno transfiera a las comunidades los fondos del Bono Alquiler Joven 2024-2025 y que concrete el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029, en el que considera que la Generalitat debe exigir como mínimo 200 millones de euros.
Preguntará además por la «amenaza» de la ministra Isabel Rodríguez de que no pagaría las ayudas a las autonomías que no cumplan la Ley de Vivienda, lo que «podría poner en peligro tanto la anualidad del 2025 pendiente y firmado como el nuevo plan» con un total de «243 millones en juego».
Sanidad, educación y cultura
En sanidad, Mazón volverá a exigir la compensación del gasto por la asistencia sanitaria a pacientes desplazados -calculan un impacto de 798,9 millones-, más especialistas de Familia, Geriatría, Psiquiatría y Radiodiagnóstico, y la homologación de títulos universitarios de Medicina por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
En educación, pedirá más fondos para la educación infantil de 0-3 años , una EBAU única, más financiación estatal para cumplir la ley universitaria LOSU en las universidades públicas -calculan 241,9 millones al año- o más autonomía para establecer la edad de permanencia en los centros de Educación Especial.
En materia de cultura defenderá la «reivindicación histórica» de la devolución de la Dama de Elche a su ciudad, un IVA reducido del 10% a fiestas y tradiciones valencianas o «el reconocimiento de la identidad valenciana, y especialmente del nombre de nuestro territorio como Comunitat Valenciana, y el nombre de nuestra lengua como valenciano» por parte del Estado y todos sus organismos.
Economía, transporte e industria
Dentro del ámbito económico, pedirá un nuevo sistema de reparto de fondos para políticas activas de empleo y la implementación del Mecanismo RED, u otra fórmula similar, en el sector de la automoción -lo cifran en 60 millones de euros- para cubrir la protección de los trabajadores y acciones formativas para su recualificación y su futura empleabilidad.
En materia de infraestructuras, solicitará renovar el convenio de 300 millones con el Ministerio de Transportes y que se ejecute todo el Plan de Cercanías 2017-2025 -denuncian que hasta 2024 solo se habían movilizado 355,4 millones de los 1.081 asignados- y los tramos del Corredor Mediterráneo proyectados en la Comunitat.
Otras de sus peticiones serán la ampliación «urgente» de los aeropuertos de Alicante-Elche y Valencia, con el objetivo de que antes de 2027 esté finalizado el trámite administrativo previo; el soterramiento de las vías de tren de Alfafar, donde se han registrado 78 fallecidos en las últimas décadas; la ejecución del Tren de la Costa entre Gandia, Oliva y Dénia, o avanzar en la nueva estación central de València y en el túnel pasante.
En el ámbito industrial, pedirá una comisión bilateral para avanzar en el PERTE Chip, cambiar la Ley 18/2022 para que las empresas azulejeras no se vean afectadas por el periodo máximo de pago a proveedores de 60 días, pactar con la UE ayudas al sector cerámico o impulsar medidas arancelarias de apoyo al sector textil e incentivos fiscales para el audiovisual, así como un mayor impulso para la futura gigafactoría de baterías de PowerCo (grupo Volkswagen) en Parc Sagunt II.
Medio ambiente, agricultura y justicia e interior
En medio ambiente, exigirá 200 millones para regenerar la costa y otros 202,7 millones para actuaciones hídricas pendientes en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), de las que algunas afectan al saneamiento del Parque Natural de l'Albufera de València.
Al respecto, reclamará que no haya más recortes en el trasvase Tajo-Segura -se calculan 6.000 millones en pérdidas y alrededor de 15.000 empleos- y que se articule un plan estatal del agua.
En agricultura, solicitará más ayudas a la sequía -se calculan pérdidas de 118,8 millones en 2024 en los cultivos- y convocar la Mesa de la Sequía, además de un refuerzo de las inspecciones en los puertos para evitar la entrada de importaciones con plagas y enfermedades.
Por otro lado, en justicia e interior pedirá más juzgados para compensar la «sobrecarga de trabajo» -con un coste estimado en 29,28 millones-, apoyo a las reivindicaciones de los funcionarios, más fondos para las oficinas de asistencia a víctimas del delito, más plazas de la unidad adscrita de Policía o «impulsar el derecho civil valenciano».