La Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial de las Cortes de Aragón ha recibido este martes al director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, Carmelo Bosque, para dar a conocer sus principales líneas de actuación centradas en la dotación de «una normativa autonómica en paisaje que regule la protección de nuestro patrimonio cultural, histórico, biológico, arqueológico y medioambiental en su conjunto» tanto en la relación con la implantación de parques de renovables como a cualquier otro tipo de actividades que puedan afectar al paisaje.
Bosque ha intervenido en el Parlamento aragonés, a petición de PSOE y CHA, para poner en valor el desarrollo de una nueva directriz en materia de paisaje, sin olvidar que esta «también debe garantizar la autonomía de los municipios en la ordenación de sus territorios para no generar las incoherencias que se observan actualmente».
Por otra parte, Bosque ha afirmado que se «han puesto en marcha las directrices zonales del Matarraña y la del Pirineo», aunque está última es «más compleja y va a necesitar de documentos preparatorios» para su diseño y planificación.
En relación a las competencias en ordenación del territorio, Bosque ha explicado que el Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR) tendrá tres líneas de trabajo centradas en la asistencia técnica a la Dirección General de Administración Local y a la Dirección General de Interior y Emergencias para «trabajar en la elaboración de una cartografía de riesgos enfocada en los deslizamientos», así como en la elaboración de un Plan de información geográfica de Aragón.
Sobre el Servicio de Estrategias Territoriales, el director general de Urbanismo ha detallado que los de mayor relevancia son «los que afectan a la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón que, tras diez años de vida, sugiere una revisión». En este sentido, ha confirmado que «ya se han celebrado reuniones con diez consejos comarcales» y que espera poder hacerlo con el resto antes de que termine el presente año para conocer sus principales consideraciones y necesidades.
Camino de santiago
Por último, Bosque ha indicado que ha observado «una falta de coordinación efectiva para la gestión eficaz de la ruta del Camino de Santiago» y que, en este ámbito, se ha apoyado la asignación de dos subvenciones a las comarcas de Jacetania y Cinco Villas por importe de 36.000 euros y 17.000 euros para un programa de voluntariado de jóvenes en esta ruta.
De igual forma, ha precisado que también se han reunido con representantes de la Asociación Camino del Santo Grial para «crear un plan director que fije objetivos y un cronograma de las actuaciones».
Por parte de los grupos que habían solicitado la comparecencia, el portavoz adjunto del PSOE, Darío Villagrasa, ha recordado que «una de las propuestas de la Comisión fue que se crease desde la Consejería una oficina para asesorar a los ayuntamientos en la relación con terceros y empresas, cuestiones que también tienen que ver con la ordenación territorial, el desarrollo y el paisaje».
Desde CHA, Joaquín Palacín ha preguntado al director general «si considera que el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA) tendría que aumentar sus funciones y que fuesen de obligado cumplimiento los informes que se desarrollan».
A continuación, han tomado la palabra los representantes del resto de formaciones. La parlamentaria del PP Susana Cobos ha criticado «el chantaje de la ministra de Vivienda a las comunidades» cuando es «uno de los problemas más importantes» y, por ello, ha puesto en valor «la directriz especial de viviendas dotacionales públicas, aprobada el pasado 17 de julio por el Gobierno de Aragón».
En representación de VOX, Carmen Rouco ha preguntado si en la futura Ley del Paisaje «van a usar los mapas que se habían hecho ya con los criterios de fragilidad y calidad del paisaje, suelo productivo, Red Natura y patrimonio cultural», sin olvidar mencionar que «el paisaje aragonés y sus pueblos han sido los grandes olvidados de las legislaturas anteriores».
Por parte de Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj ha solicitado que se aplique «el criterio urbanístico para poder regular mediante planes de ordenación urbana la implantación de energías renovables» y para organizar su despliegue.
El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha mostrado su preocupación por la implantación de renovables en los últimos dos años porque no se sabe «qué autonomía tienen las ordenanzas municipales y ayuntamientos» y «debemos ser capaces de crear una directriz con el consenso del territorio y la administración local».