La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido este viernes a la Junta de Andalucía de que no puede «pretender no cumplir la Ley de Vivienda» o llevarla al Tribunal Constitucional (TC), cuando la falta de una vivienda es un problema que afecta a miles de andaluces.
En declaraciones a los periodistas en Cádiz, Montero ha manifestado que los recursos públicos que las administraciones ponen en marcha para la política de vivienda tienen que tener como objetivo de facilitar que los jóvenes, las personas vulnerables, puedan tener «un alquiler asequible o puedan comprar una vivienda en condiciones que no haga que su futuro esté hipotecado sin capacidad económica para el resto de su vida».
Ha recalcado que, hoy por hoy, la vivienda sigue siendo un problema fundamental de los españoles y andaluces, ya que basta ver la dificultad de los jóvenes para emanciparse. «Tener una vivienda no puede ser un lujo, sino que tener una vivienda tiene que ser un derecho de todas las personas a poder tener un lugar en donde vivir y desarrollarse con su familia», ha apuntado la vicepresidenta, quien ha insistido en que ese es el objetivo de las medidas del Ejecutivo nacional.
Ha indicado que, en política de vivienda, se pueden ver dos modelos distintos, el del Gobierno de «progreso» y el del PP.
Según ha detallado Montero, el Gobierno de «progreso» piensa que la vivienda tiene que ser «un derecho de los ciudadanos y convertirse en el quinto pilar del estado del bienestar», de manera que el alquiler lo puedan pagar personas que tengan baja renta y, si tienen capacidad de comprarse una vivienda, que «no sea a costa del 70 u 80 por ciento de los ingresos que recibe una familia».
«Es de sentido común», según ha expresado la vicepresidenta primera, quien ha añadido que, en cambio, el modelo del PP es «el de la liberalización del suelo, de la especulación, y de dejar que el mercado se regule, lo que ha llevado a una situación en la que, desgraciadamente, vemos que se encarecen los precios de la vivienda y que nadie hace nada, cuando esto requiere, evidentemente, actuaciones públicas que permitan modularlo».
Para Montero, si alguien llama «condicionalidad o chantaje» a que los recursos públicos vayan a quien lo necesita, «entonces tiene un problema político y realmente no ha entendido por qué en este país la vivienda se ha convertido en un auténtico problema que los ciudadanos expresan y que el Ejecutivo (nacional) está decidido a acometer con las otras administraciones».
Asimismo, ha querido dejar claro que la política de vivienda «reside en la comunidad autónoma y el Gobierno de España está multiplicando los recursos, sin competencia para ello, justamente para dar más dinero a ayuntamientos y a comunidades para resolver un problema que tiene muchísima gente».