Los grupos parlamentarios de PSPV y Compromís en Les Corts han criticado este lunes la entrada en vigor de la Ley de Concordia y esperan que el Tribunal Constitucional la paralice. Para la portavoz de Memoria Histórica de los socialistas valencianos, Mercedes Caballero, un posible recurso del Ejecutivo central «no sería una intromisión en competencias autonómicas» porque esa norma «va contra la ley nacional» y es «anticonstitucional», mientras que la diputada de la coalición en el Congreso Águeda Micó ha reclamado al Gobierno que «acelere» ese recurso.
Caballero ha apuntado en un comunicado que la nueva legislación «contradice a los relatores de la ONU, a las universidades, a las asociaciones memorialistas y a todo aquel que persigue la verdad, la justicia y la reparación». En esta línea, ha criticado la «deriva radical» que asegura que el Consell ha instalado en la gestión de esta materia y ha acusado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de «hacer efectivas las políticas de la ultraderecha» aunque Vox ya no esté en el ejecutivo autonómico.
A su juicio, un posible recurso del Ejecutivo central contra la nueva norma «no sería una intromisión en las competencias autonómicas del Consell, sino que la Ley de Concordia va contra la ley nacional», lo significa que es una disposición «anticonstitucional». «Esperamos que el Tribunal Constitucional paralice la entrada en vigor de esta ley, igual como ha pasado en Aragón», ha detallado la diputada socialista.
Caballero ha criticado que el gobierno de Mazón «se niega a respetar los derechos humanos, pero también a reunirse con el Gobierno central bajo la excusa de 'intromisión en las competencias autonómicas'». Sin embargo, ha expresado su confianza en que cuando el Ejecutivo presente el recurso al TC, «este decrete la suspensión de la norma».
Asimismo, Caballero ha recalcado que aunque la memoria histórica «carezca de importancia» para Mazón, quien «ha derivado las competencias de 'Concordia' a la consellera de Justicia», «él sigue siendo el máximo responsable». «En su discurso de investidura, Mazón dijo que venía a 'reivindicar la memoria de Miguel Hernández'; ¿cómo se reivindica esa memoria eliminando las políticas de memoria?», se ha preguntado.
Por su parte, Micó ha recordado que la coalición valencianista se mostró «diametralmente en contra» de la norma durante su tramitación parlamentaria «porque dinamita la aplicación de todas las políticas de memoria democrática y un informe de la ONU constata que vulnera los derechos humanos».
Según ha indicado en un comunicado Micó, «lo que PP y Vox denominan Ley de Concordia es realmente la Ley de la Discordia. Una ley que ataca a las víctimas del franquismo y que equipara la democracia con una dictadura criminal como fue la de Franco».
Rectificación
La diputada de Compromís en el Congreso los Diputados ha sostenido que, con la entrada en vigor de esta ley, «Mazón demuestra que su hoja de ruta es el mismo que el de la extrema derecha».
«Con Vox en el Consell o con Vox fuera del Consell las políticas son exactamente las mismas. Desde Compromís exigimos que el Gobierno central acelere al máximo el recurso de inconstitucionalidad contra esta ley y a Mazón que rectifique y que se dedique a trabajar por lo que de verdad importa a los valencianos y valencianas: los servicios públicos, la economía o la defensa de nuestro territorio».
Según ha recalcado Compromís, «con la entrada en vigor de esta ley se equiparan los periodos de dictadura con los del gobierno constitucional y legítimo de la II República Española». Por lo tanto, subraya que «blanquea el golpe de estado de 1936 y cuarenta años de dictadura franquista». Además, denuncia que «oculta el reconocimiento público de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura; no contempla ninguna referencia a las miles de personas desaparecidas, a los asesinatos sin juicios, ni a la voluntad de encontrar las personas enterradas en las cunetas de nuestra geografía».
«Es especialmente grave que la nueva normativa elimina compromisos de las instituciones valencianas: no promueve la eliminación de los vestigios de la dictadura y otros elementos simbólicos de reconocimiento; evita contemplar un censo de víctimas, un banco de ADN y la prohibición exprés del apoyo al franquismo por parte de entidades financiadas con fondos públicos; y elimina la cobertura jurídica a las políticas de recuerdo, reparación y reivindicación de la calidad democrática y la libertad como principios inspiradores de toda acción pública en el País Valencià», ha concluido.