El presidente del comité de empresa de la factoría de Pedrola (Zaragoza) de la multinacional belga de tubos de escape Bosal, David Chico, ha afirmado este miércoles que la empresa «está perfectamente en condiciones de afrontar las indemnizaciones» por el expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo presentado.
Antes de reunirse sindicatos y dirección de la factoría en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), Chico ha declarado a los medios de comunicación que el ERE es «una vergüenza» y ha pedido al Gobierno de Aragón «que vigile un poco la forma de actuar que tiene la dirección de la planta, con un posible concurso de acreedores que nos quiere echar encima de la mesa».
A su juicio, la dirección de Bosal pretende que sea el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) el que pague las indemnizaciones por los 131 despidos. «No estamos de acuerdo para nada», ha advertido Chico, quien espera que la negociación en el SAMA sirva para que la empresa asuma el pago, así como las cotizaciones a la Seguridad Social para los mayores de 55 años.
Ha comentado que hace una década cerró la factoría de Bosal en Valencia, donde trabajaban unas 300 personas junto con varias decenas de autónomos, «y fue de la misma manera, presentando un concurso de acreedores de un día para otro y dejando a todas las familias en la calle».
El presidente del comité de empresa ha hecho notar la «desconfianza» de los sindicatos hacia la dirección de la factoría, indicando que el ERE les ha cogido «por sorpresa» porque había una carga estable de trabajo hasta 2026. «Nos ha pillado de golpe a toda la plantilla», ha lamentado.
La de este miércoles ha sido la primera movilización y habrá otras a medida que avance la negociación en el SAMA, ha avanzado Chico, quien ha puesto de relieve «la indignación» de la plantilla ante el ERE.
«Solo nos queda intentar con la negociación a un acuerdo que sea beneficioso para las partes, dentro de lo malo, y que la gente por lo menos se vaya con una salida digna, si al final no conseguimos la apertura de la planta», ha explicado Chico. El comité pedirá recolocaciones, en especial de los mayores de 55 años, las tres cuartas partes de la plantilla.
Ha comentado que la factoría de Pedrola conserva un 20 por ciento de la producción y ha dado por seguro que se derivará a otras plantas donde los costes de producción sean más bajos.
David Chico ha recalcado que la factoría de Pedrola tiene pérdidas desde hace 20 años y el grupo empresarial al que pertenece le ha inyectado dinero para mantener la planta: «Es injustificable que no haya una inyección de dinero ahora para poder hacer frente a las indemnizaciones y hacer un cierre normalizado de la planta», subrayando: «No depende de nosotros».
La dirección de la planta ha suspendido la actividad productiva, ha sacado materiales ya fabricados de la factoría para ponerlos en venta y ha intentado devolver el material de los proveedores, ha apuntado Chico.
Bloqueo en la negociación
El presidente del comité de empresa ha señalado que los sindicatos se han encontrado «un bloqueo en la negociación» ya que la dirección de la factoría les indicó que habría un concurso de acreedores «porque no iban a tener capacidad de afrontar ni las indemnizaciones ni las cotizaciones de la Seguridad Social».
También se ha quejado de que los trabajadores no pueden entrar en la fábrica, aunque tienen objetos personales en sus taquillas, y tampoco tienen acceso a sus oficinas las secciones sindicales, de manera que no pueden recoger la documentación del comité ni el material guardado en sus ordenadores: «Nos están coartando nuestra libertad sindical, nos están ahogando en la negociación», ha criticado Chico.
Uno de los trabajadores, Javier Castillero, ha señalado que ha trabajado en la fábrica de Pedrola desde su apertura, hace 33 años, y que el ERE el aboca a la jubilación anticipada, lo que le supone «perder muchísimo dinero».
«Era una situación que no esperábamos porque en principio había mucho trabajo» e, incluso, había aumentado la producción, ha continuado Castillero, quien ha recordado que también cerró la factoría de El Puerto de Sagunto «y los trabajadores tuvieron que ir al Supremo y perdieron».