El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha exigido que el líder de Junts y «prófugo de la justicia», Carles Puigdemont, sea detenido «si pisa España» porque «se ha saltado el ordenamiento jurídico» con la celebración del referéndum ilegal y «no debería tener ningún estatus de privilegio por mucho que sea el socio preferente en este momento» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Así lo ha trasladado tras reunirse en la Real Casa de Postas con asociaciones de venezolanos en Madrid. «Si Puigdemont pisa en nuestro país, desde luego tiene que ser detenido, porque es una persona que ha incumplido nuestro ordenamiento jurídico y, de hecho, huyó del país porque había tratado de dar un golpe de Estado desde Cataluña y porque se habían saltado las normas y las leyes que rigen en nuestro país», ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre el anuncio de Puigdemont, que ha comenzado su regreso a España ante el debate de investidura este jueves del candidato a president del PSC, Savador Illa.
Lo ha anunciado este miércoles tras años afincado en Waterloo (Bélgica) desde donde este sábado en una carta abierta en redes sociales informaba de su intención de volver a Cataluña y donde asumía que su detención iba a ser «una posibilidad real en muy pocos días».
García Martín ha lamentado que «ya sea desde cualquier rincón» de España o del extranjero Puigdemont «lo que quiere es continuar con esa agenda secesionista», al tiempo que ha criticado que «marca a Sánchez lo que tiene que hacer o no tiene quehacer» porque el PSOE necesita los siete votos de Junts en el Congreso de los Diputados.
«Ha elegido voluntariamente a sus socios, ha elegido a Bildu, es decir, a los herederos de ETA. Ha elegido a Esquerra Republicana y a Junts, es decir, a aquellos que dieron un golpe de Estado desde Cataluña para tratar de romper el modelo de convivencia que nos hemos dado todos los españoles en democracia», ha recordado.
Por otro lado, ha insistido en que la Comunidad de Madrid usará «todos los medios a su alcance, también los judiciales» para que el cambio fiscal en Cataluña que recoge el pacto PSC-ERC «no se produzca» y que se mantenga así «el sistema de financiación de las comunidades autónomas con ese principio consagrado en la Constitución de solidaridad».