Juan García, el activista de Barrios Hartos detenido por la Policía Nacional en el marco de la movilización promovida por el colectivo Barrios Hartos con un encierro no autorizado en la sede del distrito Cerro-Amate en protesta por «los continuos cortes de luz en pleno verano», extremo que Endesa achaca a sobrecargas en la red por acometidas ilegales en la misma para cultivos interiores de marihuana, ha quedado ya en libertad con cargos, según ha informado a Europa Press una portavoz de este colectivo.
Según esta portavoz de Barrios Hartos, tras pasar varias horas en la jefatura de la Policía Nacional de la avenida de Blas Infante, y una vez asistido por su abogado, este activista ha quedado finalmente en libertad con cargos por un presunto delito de allanamiento.
En su perfil de la red social X, la plataforma ha denunciado que «Endesa abusa del monopolio de la distribución eléctrica mientras se llena los bolsillos a costa de los vecinos que pagamos las facturas sin recibir el suministro», al tiempo que ha acusado al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía de «ser cómplices por no poner soluciones» y ha pedido al Gobierno central que «intervenga ya».
Barrios Hartos apuntan que «no es razonable que la corporación municipal ante un panorama en el que miles de familias trabajadoras viven con la angustia de no saber si pueden contar con algo tan básico por deficiencias ajenas a ellas, no cuente con un plan de emergencia dotado de recursos materiales».
«Este aspecto es algo que se ha reclamado durante muchos meses, es decir, la dotación de generadores de emergencia y cableado provisional que garantice unas condiciones mínimas cuando las temperaturas superan los 40º con personas de salud delicada, trabajadores sin el descanso necesario, niños sin actividad escolar o negocios con mercancía estropeada, entre otros», han apostillado.
Tras realizarse el encierro de «unas 30 personas» en la sede del distrito, la Policía Local se ha desplazado al lugar para posteriormente intervenir los antidisturbios de Policía Nacional. En este sentido, la plataforma ha defendido estar ejercitando su derecho de forma «totalmente pacífica» y ha criticado que la Policía vaya sin placa identificativa en sus uniformes, haciendo responsable de ello al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.
El portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, ha acudido al lugar para apoyar las protestas según ha publicado en su perfil de la red social X, donde ha informado que «la policía está a punto de desalojar a unas vecinas del distrito Cerro-Amate por protestar porque en plena ola de calor Endesa les corta la luz», pero «luego bien que les pasan facturas desorbitadas», ha espetado para añadir que «esto en el centro lleno de pisos turísticos no pasa».
«Endesa está lucrándose y sacando unos beneficios multimillonarios a costa de darle un servicio pésimo a gente que está pagando la luz», ha incidido el parlamentario para recordar a su vez que «la luz debería ser gratuita y un derecho humano para todo el mundo, y más en estas olas de calor y esta situación que estamos viviendo».
De igual forma, García ha acusado al alcalde de Sevilla, al presidente de la Junta y al Ejecutivo nacional de «ser cómplices» de esta situación, porque Endesa «está haciendo un maltrato sistemático de estos barrios a costa de otros barrios más privilegiados», ha apuntado.
Por otra parte, ha defendido la actuación «100% pacífica» de la policía, y, a su vez, ha resaltado que los vecinos «sólo piden algo que es de sentido común, que les atienda un responsable político, o el concejal o el alcalde», sin embargo, «yo como representante del Parlamento he llamado al alcalde y no me ha cogido el teléfono ni me lee los mensajes. Hemos llamado a los concejales, esperemos que atiendan», porque «la única respuesta de los gobiernos ha sido mandar a la policía», ha lamentado.
Por último, el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía ha anunciado que el próximo jueves en el Parlamento «le vamos a pedir explicaciones a Moreno Bonilla, para que dé explicaciones sobre esto que está pasando».
Endesa prioriza el suministro con una inversión de 12,7 millones
Por su parte, Endesa ha asegurado que tiene como prioridad garantizar el suministro a todos sus clientes con contrato de suministro en vigor. Por este motivo, en las zonas en las que se registra mayor afectación de incidencias debido a la sobrecarga de las redes como consecuencia del fraude masivo, la compañía, a través de su filial de redes e-distribución, ha llevado a cabo un esfuerzo inversor.
Así lo ha informado la compañía a Europa Press en un comunicado, donde ha explicado que desde 2020 y hasta este año, la compañía ha ejecutado un plan de inversión de 12,7 millones de euros enfocado en la digitalización de las infraestructuras eléctricas, aplicando la última tecnología, y reforzando las redes de media y baja tensión.
Concretamente, se han instalado doce nuevos centros de transformación solo en el último año para duplicar la potencia en zonas donde el nivel de contratación no supera el 50%. Pero estas medidas «lejos de paliar la problemática están provocando un efecto llamada al fraude para el cultivo de plantaciones de marihuana, la causa real de estas incidencias, ya que una plantación de indoor en una vivienda puede llegar a consumir lo que 80, por lo que se convierte en algunas zonas en un consumo industrial que las redes no pueden soportar», ha señalado la compañía eléctrica.
Además de esto, desde Endesa han insistido «en el problema para la seguridad de las personas que viven en estos entornos, ya que la manipulación de las redes provoca que estas queden desprotegidas pudiendo ocasionar incendios e incluso electrocuciones».
Por todo ello, desde Endesa «estamos trabajando de la mano de todas las instituciones para buscar soluciones conjuntas para paliar esta problemática». Así lo demuestra el reciente informe de la auditoría llevada a cabo por la Junta de Andalucía a las instalaciones de Endesa en estas zonas de Sevilla, donde «se concluye que las instalaciones de Endesa están sufriendo continuas manipulaciones destinadas al fraude para el cultivo de plantaciones de marihuana».