El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha manifestado este martes que las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que estiman parcialmente los recursos de amparo de los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, anulando las condenas que les impuso la Audiencia de Sevilla por el «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y las ayudas arbitrarias, ordenando que dicha instancia provincial emita nuevas sentencias, «acaban con el relato» del PP-A sobre un «complot» en el PSOE para una trama de malversación cuando los socialistas gobernaban la región.
En rueda de prensa en Almería, Espadas ha señalado las dos citadas sentencias, que siguen la senda de los pronunciamientos previos del TC con relación a los recursos de amparo de los exconsejeros Antonio Fernández, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo.
En concreto, la Audiencia de Sevilla condenó en 2019 al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel por malversación y 15 años y dos días de inhabilitación por prevaricación, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, era condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación, penas mantenidas por el Supremo al desestimar en 2022 sus recursos de casación contra la sentencia inicial del órgano provincial, por tres votos contra dos de los magistrados de ese tribunal.
Ahora, el TC, por siete votos a favor y cuatro en contra de los magistrados encargados del caso, ha estimado parcialmente los recursos de amparo de los expresidentes socialistas de la Junta, anulando la sentencia inicial condenatoria de la Audiencia con relación a ellos y ordenando a dicha instancia que emita nueva sentencia incorporando los fundamentos incorporados por el tribunal a este asunto.
A grandes rasgos, el tribunal ampara a Griñán ante el delito de malversación al considerar que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia al no precisarse en las sentencias condenatorias en qué medida participó en los hechos; mientras respecto a la prevaricación concluye que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no puede ser constitutiva de un delito de tal naturaleza.
Ante ello, Juan Espadas ha manifestado que con estos pronunciamientos sobre los expresidentes socialistas de la Junta y los citados exconsejeros, --porque en el caso del exconsejero José Antonio Viera su recurso de amparo no ha prosperado--; el TC «restituye de forma clara los derechos fundamentales vulnerados» tanto en la sentencia inicial condenatoria de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla como en la sentencia del Supremo desestimatoria de sus recursos de casación.
Espadas ha manifestado que con relación al caso de los ERE, el PSOE-A no niega que pesasen «irregularidades y situaciones reprobables», pero ha defendido que se trata de aspectos «con responsables concretos, que no son ninguna» de las personas cuyos recursos de amparo ha estimado parcialmente el TC y a quienes pese a ello «acusa el PP» todavía.
Y es que según Espadas, con estos pronunciamientos, el TC «pone la verdad en su sitio» y «desmonta la gran cacería política la causa general promovida por el PP contra el PSOE, planteando sus acusaciones contra los gobiernos socialistas» de Andalucía y la propia «cúpula» del PSOE-A. «La tesis del PP sobre un complot y una confabulación para un proceso de malversación ha caído por su propio peso, demostrando el TC que estas personas fueron injustamente condenadas», ha enfatizado, insistiendo en que estas sentencias del Constitucional «acaban con el relato» del PP sobre los ERE.
En ese sentido, ha señalado el «drama vivido» por los exdirigentes socialistas ahora parcialmente amparados por el TC, trasladándoles «el cariño y la solidaridad» del partido. Tras declarar el TC «la vulneración de sus derechos», según ha remarcado, ahora procede «la rehabilitación de la dignidad, imagen y honor de estas personas» y del PSOE-A, un partido «atacado y perseguido de manera permanente por el PP».
Y ante las acusaciones de dirigentes del PP sobre un supuesto intento del TC de «borrar» la corrupción del PSOE en Andalucía, entre otras críticas, Espadas ha reclamado al presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, que su partido «deje de deslegitimar y desautorizar al Constitucional y de ser un tribunal de la Inquisición».
Le ha avisado, más al detalle, de que funcionar como un «partido antisistema que no acepta ni acata al TC le inhabilita como partido de gobierno», por lo que ha reclamado a Moreno que aclare si su partido «continúa con su relato» sobre los ERE pese a las citadas sentencias, porque «deslegitimar al TC es deslegitimar a la Constitución».