Los inversores que se establezcan en la Comunidad de Madrid desde el extranjero e inviertan en otras comunidades autónomas o fuera de España podrán acogerse a la deducción del 20% en la cuota autonómica del IRPF que aprobará la Comunidad de Madrid.
Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en un desayuno informativo con periodistas en el que ha hecho balance de la actividad de su área en este primer año de legislatura en el que ha cumplido el 33% de los compromisos hasta 2027.
Albert ha apuntado que estos «nuevos contribuyentes» no solo «van a tributar en la Comunidad» y, por lo tanto, se van «a obtener ingresos» sino que podría tener otros efectos beneficiosos en materia demográfica ante las «poblaciones envejecidas». «Necesitamos que venga gente a Madrid, que venga gente con talento, con recursos, que trabaje en Madrid, que invierta en Madrid y que podamos también disfrutar de que puedan comprar bienes en Madrid. Siempre es a más, no perjudica a nadie», ha defendido.
Fuentes de la Consejería han apuntado, además, que la normativa de la Unión Europea prohíbe desde 2004 --con la entrada en vigor del Tratado de Maastrich-- que se restrinja el movimiento de capitales y pagos, tanto entre Estados miembros como con países que no pertenecen al club comunitario.
El pasado 3 de abril arrancaba la tramitación de esta deducción con la aprobación del anteproyecto de ley que regula este incentivo y que prevén que reciba luz verde de la Asamblea este 2024. Se podrán beneficiar de ella los contribuyentes que se hayan instalado en Madrid a partir de este año después de haber estado residiendo, al menos, cinco años fuera de España.
Se podrán aplicar una deducción del 20% en la cuota autonómica del IRPF para las inversiones que realicen en activos financieros en un período máximo de seis años. Desde la Consejería han recalcado que estas inversiones deben ser mobiliarias, no en vivienda, como podría ser deuda o acciones de otras empresas.
Esta deducción, que es conocida como 'Ley Mbappé', no salió adelante la pasa legislatura por el 'no' de Vox, que era socio imprescindible del PP en la Asamblea. Una vez reciba la aprobación de la Cámara de Vallecas su entrada en vigor será para todo el ejercicio de 2024.