El director general de Estrategias de Movilidad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, José Alfonso Gálvez, ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento de València en el que le pide que remita la información solicitada en relación con la reversión del proyecto de renaturalización de las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta y en el que señala que cualquier cambio que no implique eliminar uno de los dos carriles en servicio para el vehículo privado supondría una alteración de la naturaleza de la subvención recibida por los fondos europeos para el proyecto, por lo que no podría ser aceptada.
El grupo municipal socialista en este consistorio ha acusado a la alcaldesa, María José Catalá (PP), de «ocultar» la recepción de este documento, que lleva fecha del 17 de junio, tras el pasado requerimiento, también desde el Transportes y Movilidad Sostenible, relativo a la supermanzana de la Petxina. El PSPV recalca que se podrían perder los 9 millones de euros del proyecto, al igual que puede pasar con los 3,5 millones del de La Petxina, por una «mala gestión» de Catalá.
En el requerimiento, el ministerio insta al Ayuntamiento a no esperar a la aprobación del nuevo proyecto de construcción para remitirle la información solicitada, dado que en la fase inicial de redacción «es preceptivo realizar un estudio de alternativas y justificación de la solución finalmente adoptada, por descontado, todas ellas compatibles con la naturaleza y objeto de la subvención concedida».
Transportes y Movilidad Sostenible recuerda que la subvención se concedió en base a la memoria técnica de solicitud que formuló el consistorio y en la que se proyectaba que la actual avenida de Pérez Galdós tiene una configuración de dos carriles para vehículo privado más un carril bus por sentido, por lo que toda solución que no implique eliminar uno de los dos carriles actualmente en servicio para vehículo privado por sentido, supondría «una alteración de la naturaleza u objetivos de la subvención» y esta «no podría ser aceptada».
Asimismo, apunta que, en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de esta ayuda, «podría ser de aplicación lo establecido en las bases reguladoras de la subvención en cuanto al reintegro o la pérdida del derecho a cobro de la misma».
Revisión de la propuesta
El Ministerio de Transportes, tras una comunicación de septiembre del pasado año del consistorio donde se informaba que la planificación para la ejecución de la obra estaba demorada respecto al cronograma inicial dado que se estaba «revisando la viabilidad de la propuesta resultante del concurso de proyectos» convocado para reformar esa avenida, envió un requerimiento para que la administración local aportara documentación adicional que permitiera dilucidar si la «revisión de la viabilidad de la propuesta resultante del concurso» citado mantenía inalterada la naturaleza u objetivo de la subvención requerida.
Para la administración central, la respuesta del consistorio «no aporta detalles sobre la solución en estudio», pues el beneficiario alega que «el proyecto se encuentra en la fase inicial de redacción y no se dispone de la documentación solicitada que será aportada tan pronto sea aprobado el proyecto de construcción».
Reducir "al mínimo"
Sin embargo, desde este departamento del Gobierno se apunta que la subvención se concedió en base a la memoria técnica de solicitud que formuló el Ayuntamiento, con vistas a generar una plataforma con dos importantes franjas peatonales y reducir «al mínimo» el espacio para el vehículo privado a motor, «en una sección que se adecua al paradigma de la multimodalidad y la sostenibilidad y favorece no solo los recorridos peatonales en sentido longitudinal sino también los transversales al eliminar el efecto barrera que supone el diseño actual.»
Del mismo modo, se justificaba el cumplimiento de los objetivos de la convocatoria en que el incremento de espacio destinado a los medios alternativos de movilidad no contaminantes y la notable reducción de la calzada «contribuirá significativamente a reducir las emisiones contaminantes y, en su consecuencia, a la mejora de la calidad del aire, de la seguridad de las personas, movilidad activa y, por lo tanto, un beneficio de la salud de las personas».
El Ministerio comunica al ayuntamiento valenciano que se desestimará «cualquier modificación del objeto de la subvención solicitada» que incumpla alguno de sus objetivos específicos como acelerar la implantación de zonas de bajas emisiones; fomentar el cambio modal en entornos urbanos y metropolitanos hacia modos de transporte más sostenibles, priorizando el transporte público colectivo y la movilidad activa para contribuir así a los objetivos de mejora ambiental y de la salud o fomentar la transformación del transporte público de viajeros y mercancías hacia una actividad de cero emisiones mejorando la accesibilidad del sistema.