El Ayuntamiento de València firmará este martes la orden de inicio del expediente para contratar una evaluación del estado del edificio y las instalaciones del balneario de la Alameda, con el objetivo de determinar la indemnización que en su caso proceda por los daños y perjuicios causados por el último contratista. Además, se elaborará un informe de necesidades para la nueva licitación, que establecerá una vida útil de un mínimo de 25 años para este servicio público.
Según informa el grupo municipal del PP, que gobierna junto a Vox, técnicos del Ayuntamiento entraron este pasado lunes al balneario y encontraron unas instalaciones «altamente deficientes». De acuerdo al PP, el concesionario entregó la posesión al Ayuntamiento el pasado 17 de junio, por lo que «solo en esta fecha se ha podido entrar legalmente y se ha constatado el lamentable estado de conservación».
De hecho, «al no haber disponibilidad de corriente eléctrica, la inspección se realizó empleando linternas como sistema de alumbrado en aquellas zonas donde no había luz natural». Por tanto, «no se pudo comprobar el estado de las bombas ni del resto de equipos eléctricos».
Estas son algunas de las deficiencias detectadas: las paredes de un cuarto están descascarilladas y llenas de humedades; no se observa existencia de sistemas de ventilación; la inspección no pudo acceder al cuarto de bombas que depura el agua de las termas y del spa al estar inundado de agua; la caldera que está al pie de la escalera de acceso a este cuarto de bombas no se ha cambiado, «tal y como se le requirió en acta de inspección de 2019»; en el sopa se observa una gran cantidad de teselas sueltas y oxidación evidente de elementos metálicos; el techo de las instalaciones exhibe un «muy mal estado de conservación »con desconchados y piezas sueltas; la cúpula metálica y de cristal presenta un elevado estado de corrosión.
Además, según el grupo mayoritario del gobierno local, en las termas romanas se observa presencia de incrustaciones en la superficie de los vasos, los marcos de las puertas están «podridos», se observan desconchados de los azulejos de la pared y las instalaciones de baño están en un «lamentable» estado de mantenimiento.
Todo ello cuando el PP asegura que «no se ha procedido a llevar a cabo, o no se tiene constancia, de las modificaciones requeridas por la inspección al objeto de subsanar las deficiencias encontradas a lo largo de las inspecciones realizadas durante los años 2021 y 2022».
De acuerdo a este grupo, la falta de pago del canon se produjo en 2017, durante el anterior gobierno municipal (Compromís-PSPV), y «desde entonces se debía haber incoado un procedimiento de resolución del contrato». «La falta de pago del canon supone el incumplimiento de una obligación esencial del concesionario que es causa de resolución del contrato», recalca.
Según denuncia el PP, el anterior gobierno de Joan Ribó no incoó el procedimiento de resolución en legislatura y media, mientras el equipo liderado por Mª José Catalá lo hizo «40 días de iniciar el mandato, el 28 de julio de 2023». El Consell Jurídic Consultiu informó favorablemente de la propuesta de resolución del contrato el pasado 6 de marzo, tras lo que la resolución fue acordada por la junta de gobierno local el 15 de marzo.
Ante esta situación, en la evaluación se pretende establecer las necesidades para la licitación de una nueva concesión demanial del balneario, así como determinar la capacidad, resistencia, patologías y durabilidad de las instalaciones para saber qué elementos deben ser repuestos. La orden la firmará este martes el concejal de Grandes Proyectos y Patrimonio, Pepe Marí.
Paralelamente a la tramitación del procedimiento se ha formado un grupo de trabajo para estudiar los nuevos pliegos entre los servicios municipales de Licencias de Actividad, Ciclo Integral del Agua, Servicios Centrales Técnicos, Sanidad y Patrimonio, con diez reuniones celebradas en los últimos meses. Ya existe un borrador de pliegos técnico y administrativo sobre los que se trabaja.
Los pliegos se consultarán con el sector, ya que el Ayuntamiento quiere garantizar la viabilidad de cualquier posible proyecto de gestión antes de convocar la licitación de una concesión demanial para la explotación del balneario, «especialmente teniendo en cuenta que el concesionario deberá realizar importantes inversiones».