La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado este viernes su respaldo a la denuncia que su pareja, Alberto González Amador, ha interpuesto contra el Ayuntamiento de Madrid con motivo de la filtración del expediente de las obras de su piso de Chamberí.
«Un ciudadano tiene derecho a defenderse si una institución revela datos personales, ante la administración que sea. No se puede estar en permanente indefensión. Datos que además se han filtrado al PSOE, a Más Madrid y a la prensa...», ha señalado la dirigente madrileña, preguntada por la interposición de esta denuncia que han confirmado a Europa Press fuentes del entorno de González Amador.
Así, en declaraciones a los periodistas, en la presentación del proyecto Rock A LA PAR, ha invitado a los presentes a imaginar que desde «la Junta de Distrito» del lugar en el que están empadronados se filtrasen sus datos personales «sin ningún tipo de problema».
«Como cualquier ciudadano se tiene que defender y pedir amparo a las instituciones, que están para eso, no para lo contrario», ha señalado, al tiempo en el que ha vuelto a pedir la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Para la jefa del Ejecutivo madrileño, su situación es «insostenible». En este sentido, ha insistido en que es «un absoluto escándalo» que se estén «utilizando los poderes del Estado contra un particular para hacer daño al adversario político».
«El fiscal general no puede seguir un minuto más en su puesto, cometiendo ilegalidades y habiendo sido advertido por ello. (Pedro) Sánchez y el fiscal general no seguirían un minuto más en cualquier otro país con unos mínimos de decencia, de ética y, desde luego, de respeto por la separación de poderes y por el Estado de Derecho», ha subrayado.
Repreguntada por esta cuestión, Ayuso ha hecho hincapié en que, en el caso del Ayuntamiento, no considera que haya habido una filtración por «una cuestión política, ni mucho menos», pero «sí administrativa».
«Hay unos datos de un particular que están en una Junta de Distrito, en la Administración, y acaban en las manos de los partidos políticos de la oposición. ¿Eso es normal? Eso a todas luces se tiene que investigar y se tiene que ver si ha habido un posible delito de falta de custodia de unos datos de carácter particular. Este ciudadano tiene todo el derecho del mundo a defenderse ante las instituciones, solo faltaba que no pudiera», ha zanjado.