El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP-A en la que se insta a la Junta a que negocie con el Gobierno central la transferencia de las competencias de la sanidad penitenciaria al sistema sanitario público andaluz.
La iniciativa ha contado con el apoyo de PSOE-A, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía, mientras que Vox se ha posicionado en contra.
Se ha aprobado que dicha transferencia vendrá «necesariamente acompañadas de la liquidación de la deuda pendiente a la comunidad autónoma y de la correspondiente asignación de recursos económicos y humanos a la misma por el coste real y suficiente de la asistencia sanitaria que se presta a las personas reclusas y que son responsabilidad de la administración penitenciaria, garantizando la sostenibilidad del sistema sanitario público».
Asimismo, se ha instado a la Junta a reclamar al Gobierno que se eliminen los contratos por los que se ha externalizado la asistencia sanitaria en atención primaria en los centros penitenciarios de Andalucía.
En defensa de la iniciativa, la diputada del PP-A Remedio Olmedo ha manifestado que, a día de hoy, no se ha cumplido el mandato legal establecido en la disposición adicional sexta de la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud sobre la citrada transferencia, lo que ha ocasionado «importantes deficiencias y repercusiones negativas para la igualdad y equidad en relación a la salud, pero también en la organización de los servicios de salud a la población reclusa».
«Los responsables y profesionales de la sanidad penitenciaria están firmemente convencidos de la necesidad y de las ventajas de integrar la sanidad penitenciaria en los servicios de salud de las comunidades autónomas», según ha señalado.
Ha añadido que esta constatación debe llevar a impulsar desde la administración general del Estado y desde la Junta el mandato «legal establecido» y abogar por una asistencia integrada que busque la equidad y la normalización de la sanidad penitenciaria, y la superación de desigualdades.
Por su parte, la diputada del PSOE-A María Márquez ha indicado que el PP-A hace un «ridículo tremendo» con esta iniciativa, pidiendo gestionar la sanidad pública en las cárceles en una especie de «acto de fe», cuando la Junta ha «privatizado» el sistema sanitario público y lo está convirtiendo en un «negocio». «Tienen el morro de decir que quieren gestionar la sanidad en las cárceles», según Márquez, para quien esto es un «chiste» y no hay «por dónde cogerlo».
El parlamentario de Vox Rafael Segovia ha manifestado que hay que cambiar urgentemente la asistencia sanitaria en las cárceles, pero esta iniciativa del PP-A «no es la respuesta que se necesita». Ha señalado que el PP-A ha planteado una solución en la que «no cree» y está «jugando con la esperanza» de los médicos que trabajan en los centros penitenciarios, al tiempo que ha aludido al gasto sanitario que una transferencia de este tipo conlleva.
La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha saludado esta iniciativa del PP-A y ha considerado «muy oportuno abordar el debate de la transferencia de la competencia» de la sanidad penitenciaria, «no sólo porque sea un mandato legal, sino porque garantiza una mejor atención sanitaria de la población reclusa», según ha defendido antes de destacar además que la última iniciativa que se debatió en el Parlamento andaluz sobre esta cuestión fue a iniciativa de su grupo parlamentario en la pasada legislatura. Además, ha enmarcado esta iniciativa en el «desarrollo estatutario» que defiende su grupo en Andalucía.