La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Provincial contra la vicealcaldesa, Inma Sanz, por presunta revelación de secretos a cuenta de un informe de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, una acción judicial que busca además «acabar con la máquina del fango, de bulos y desinformación en la que se ha instalado el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida».
El Grupo Municipal Socialista presentó una denuncia ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción el pasado 16 de mayo para que se pronunciase sobre el presunto «proceder arbitrario» por los gestores del Ayuntamiento de Madrid en las peticiones de información realizadas por la formación política vinculadas a la vivienda de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
«Queríamos que se investigara la posible vulneración del derecho a la información que tenemos los concejales tras recibir un expediente mutilado, el del piso donde vive Ayuso», ha explicado Maroto a la prensa.
En concreto la denuncia, como consta en el escrito presentado en la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso Europa Press, buscaba «dilucidar si la actuación administrativa del Consistorio conculcaba de forma grave el derecho a la información y participación en los asuntos públicos que asiste a los concejales» y si, consecuentemente, «se vaciaba de contenido la función de control y fiscalización de la acción del Gobierno municipal».
Cuatro días después, el 20 de mayo, el director de la Oficina Municipal Anticorrupción, Carlos Granados, resolvió la solicitud planteada por el Grupo Socialista y les dio traslado de la misma. Dicha resolución «no se hizo pública ni por la Oficina Municipal ni por el Grupo Municipal», subrayan en el PSOE.
Pleno
En el Pleno de Cibeles del mes de mayo, celebrado el pasado día 28, el concejal socialista Enrique Rico, presente hoy en la Audiencia Provincial, elevó una pregunta relacionada con la denuncia presentada ante la Oficina contra la Corrupción y el Fraude para que el Gobierno detallase medidas con las que garantizar el derecho de acceso a la información que asiste a todos los concejales.
«¿Esta pregunta la hace antes o después de que la oficina les dijera que no hay absolutamente nada que decir sobre este tema?», preguntaba la vicealcaldesa, Inma Sanz, que insistía minutos después con el «revolcón» que había dado a los socialistas el departamento que dirige Carlos Granados.
Maroto ha subrayado que lo que hizo Sanz fue hacer referencia en varias ocasiones al contenido de un informe «que, según establece el reglamento de la Oficina Municipal, es confidencial». La portavoz socialista ha explicado que lo que se informe traslada es que la oficina no tiene competencias en ese caso concreto e invita a los socialistas a dirigirse a otras vías, concretamente la contenciosa.
Los socialistas han elevado a la Justicia la necesidad de confidencialidad de las actuaciones de esta Oficina, como aparece expresamente en su reglamento, para garantizar «la protección de los denunciantes, la confidencialidad de las informaciones y la protección de los datos de carácter personal». El reglamento establece expresamente que las actuaciones que realice la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción tienen carácter confidencial, en lo que abunda la ley de lucha contra la corrupción.
«Se extrae, por tanto, que el contenido propio de las actuaciones, resoluciones e informes ventilados en el seno de un procedimiento sustanciado frente a la Oficina Municipal deben permanecer confidenciales, incluso para los servicios propios del Ayuntamiento que resulten ajenos a la misma», recoge la denuncia socialista.
Acceso a la información
Es por eso que argumentan que las palabras de Inma Sanz «reflejan un acceso y un conocimiento material de la resolución emitida por la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción» al aludir «en repetidas ocasiones al fondo y contenido de la resolución emitida el 20 de mayo, que no se reveló pública en ningún momento».
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista considera que la vicealcaldesa ha podido incurrir en una conducta tipificada en el artículo 198 del Código Penal, sobre revelación de secretos (castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses) y advierten de que la filtración «menoscaba la utilidad de un servicio público de suma importancia para el bien de la comunidad».
Y de forma subsidiaria, si la vicealcaldesa hubiese accedido a la resolución dictada por la Oficina Municipal legítimamente por sus propios medios y a razón de su cargo como vicealcaldesa, los socialistas estiman que concurriría sobre ella el artículo 417.1 del Código Penal (la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años).
Lo haría «por manifestar en el Pleno el contenido material de la resolución emitida por la Oficina Municipal, siendo su conducta dañosa intrínsecamente para el interés público y para el Grupo Municipal Socialista al revelar una información confidencial que no debía de ser divulgada en dicho foro».
Contra "la máquina del fango"
Los socialistas consideran lo sucedido «muy grave» y acuden a la Fiscalía para defender sus derechos fundamentales como representantes de la ciudadanía y para «acabar con la máquina del fango, de bulos y desinformación en la que se ha instalado el gobierno de Almeida».
«No todo vale. Creemos que se han pasado líneas rojas en este caso», ha aseverado Maroto, que ha acusado a Almeida de ser «un alcalde que utiliza permanentemente el insulto y los bulos con impunidad, atacando al adversario con cualquier desinformación que tiene a su mano pero esto tiene que terminar».
Los socialistas defienden «el juego limpio, la política limpia y las mismas reglas para todos y cuando no se cumplen la Justicia tiene que intervenir».