El PSPV asegura que la revisión de los criterios de los centros educativos que ha llevado a cabo la Conselleria de Educación para eliminar discriminaciones en el proceso de admisión de alumnos del próximo curso «llega tarde» y no va a evitar el «caos» con «centenares de recursos». Por ello, la formación pone a disposición de las familias que vayan a recurrir sus servicios jurídicos. «No vamos a estar de brazos cruzados, sino que estaremos al lado de las familias».
Así lo han aseverado la concejala socialista en el Ayuntamiento de València Maite Ibáñez y el que fuera secretario autonómico de Educación durante los gobiernos del Botànic, Miquel Soler, en una rueda de prensa en la que han criticado «el desmantelamiento de la educación pública» en la nueva etapa del PP y Vox.
En este sentido, se han referido a la polémica por los criterios para otorgar el punto de circunstancia específica propuestos por algunos centros --entre ellos haber nacido en la Comunitat Valenciana, asistir a actividad parroquiales o que ambos progenitores tengan empleo-- y que han sido modificados por la administración por «discriminatorios».
Sin embargo, los socialistas advierten que «aún no están corregidos» todos los criterios que incurren en discriminación, puesto que «algo tan grave como la actividad laboral de los progenitores, haber estado matriculado en el ciclo de Infantil o que se haya mostrado interés por el proyecto educativo asistiendo a jornadas de puertas abiertas todavía puntúa», ha reprochado Maite Ibáñez, quien ha lamentado que esto contrasta con la eliminación de un criterio que proponía un colegio de Alicante para priorizar a víctimas de acoso escolar.
Además, la regidora ha recalcado que esta revisión por parte de Educación «llega tarde», puesto que las solicitudes ya se han realizado. Por ese motivo, ha avanzado que el partido ofrecerá sus servicios jurídicos a quienes recurran.
Soler ha precisado que esta ayuda se extiende a cualquier cuestión relacionada con el proceso para la escolarización de alumnado, al tiempo que ha cuestionado «a santo de qué un centro puede poner el cartelito de 'reservado el derecho de admisión'» como si fuera «un pub».
Sobre la posibilidad de que el propio PSPV acuda a los tribunales, ha recordado que el Ministerio de Educación ha remitido a la Conselleria una carta de colaboración advirtiendo de discrepancias del decreto de admisión con la normativa básica.
«Lo que se espera es que la comunidad autónoma modifique aquello que se le indica en la carta. Exigimos, evidentemente, a la Conselleria de Educación que conteste al requerimiento que le ha hecho el Ministerio y, a partir de ahí, analizaremos si es necesario presentar, además, un recurso o no», ha comentado.
Por otra parte, los socialistas han alertado del «abandono» del Plan Edificant de infraestructuras escolares. Al respecto, Maite Ibáñez ha afeado que «el silencio» del gobierno municipal que encabeza María José Catalá «amenaza las obras en casi una decena de centros educativos que estaban previstas». Entre ellas, ha mencionado las del colegio Max Aub.
«Hemos conocido una circular que han remitido a todos los ayuntamientos donde están convocando a contestar si existe interés en continuar con las obras, pero a la que el Ayuntamiento de València ni ha contestado ni ha realizado ningún tipo de seguimiento ni ningún tipo de desarrollo y los proyectos iniciados», ha afirmado la edil.
"quieren volver a la época de los barracones"
«Quieren volver a la época de los barracones, quieren volver a la época en la que no había intervenciones en los centros educativos las necesarias para poder tener infraestructuras dignas y de calidad», ha exclamado Soler.
En la misma línea, han lamentado que la denuncia del acuerdo de plantillas al que llegó el anterior gobierno del Botànic --que preveía la incorporación de 5.000 profesores-- hace peligrar la llegada de 700 profesores.
"700 profesores menos"
«Han puesto en cuestión las 5.000 contrataciones que puso en marcha el Botànic. Eso se traduce en la ciudad de València en torno a 700 profesores menos y si hablamos solo del 24 al 25 supone en torno a 300 profesores menos en València para la educación pública. Y 300 profesores menos se nota en la calidad educativa».
En este contexto, los socialistas han adelantado varias medidas, entre ellas presentar mociones en los consistorios exigiendo la retirada del decreto de admisión, especialmente el punto de circunstancia específica.
También instarán al Ayuntamiento de València a «dejar de amordazar» al Consejo Escolar y permitir la participación y el voto de los participantes; a ampliar las ayudas para material escolar para el ciclo de Primaria destinadas a familias vulnerables y, finalmente, pedirán que se elabore un informe con el estado de las obras del Plan Edificant en la ciudad de València.