El grupo parlamentario de Chunta Aragonesiste (CHA) en las Cortes de Aragón defenderá este jueves, en la sesión plenaria, una proposición no de ley en la que exige que el Gobierno autonómico asuma el pago del sobrecoste de las depuradoras del Pirineo.
El orden del día de la sesión plenaria incluye, para su debate y votación, una proposición no de ley de CHA para que el Gobierno de Aragón apoye a los ayuntamientos en el pago de las depuradoras construidas, «debido a que son poblaciones con escasos recursos para afrontar este tipo de infraestructuras».
En su iniciativa, CHA reclama que el Ejecutivo conceda subvenciones o genere una nueva línea de ayudas «para que los ayuntamientos afectados puedan financiar ese incremento».
Palacín ha recordado que es un problema que afecta a varias localidades aragonesas, en este caso del Pirineo aragonés, localidades como Sahún, en la comarca de la Ribagorza.
Otros afectados son Aratorés --Castiello de Jaca--, núcleos de Sabiñánigo --Sabiñánigo Alto, Sardas y Cartirana--, núcleos de Aínsa --Banastón, Guaso, Arro y Latorrecilla--, Javierre de Bielsa, El Pueyo de Araguás, Bonansa, Liri --Castejón de Sos--, Chía, núcleos de Seira --Barbaruens y Seira--, Villanova, Egea --Valle de Lierp--.
«Conforme al Plan de Depuración del Pirineo, entre 2019 y 2022, se ejecutó un programa de subvenciones, gestionadas por el Instituto Aragonés del Agua (IAA), dirigidas a las entidades locales del ámbito pirenaico para impulsar diversas actuaciones relativas a la mejora de la depuración de aguas residuales», han indicado desde CHA.
«Gracias a las inversiones en depuración a muchos ayuntamientos aragoneses se les concedió una subvención para la construcción de su propia Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), sin embargo, a raíz de la aplicación del IPC a los precios de los materiales, por parte de las empresas adjudicatarias, los municipios se han visto incapacitados de asumir los sobrecostes».
La Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA) ha denunciado pública y recientemente que «los ayuntamientos de estos municipios no pueden asumir los sobrecostes e incluso, algunos de ellos, se han visto obligados a renunciar a las subvenciones concedidas debido a que no cuentan con los medios económicos necesarios para hacer frente a los costes derivados de la actualización del precio de los materiales», han concluido.