El PP y Vox, las dos formaciones que integran el equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, están buscando «un punto de acuerdo» para que el máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, «no recupere beneficios urbanísticos» vinculados a la reconversión del suelo del actual estadio de Mestalla y a la construcción del nuevo cuando el 3 de agosto caduque la suspensión de licencias decretada y pueda actuar según el planeamiento vigente y sin limitaciones.
La alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, y el segundo teniente de alcalde de la ciudad y portavoz de Vox en el consistorio, Juanma Badenas, mantuvieron este miércoles una reunión, en la que también ha participado «un dirigente nacional de Vox», con el fin de abordar distintos temas y entre ellos el referido al viejo y al nuevo Mestalla.
Catalá, que ha dado a conocer esa reunión en declaraciones a los medios de comunicación durante la visita que ha realizado este jueves al barrio de Orriols, ha señalado que se trabajará con los servicios jurídicos para «ver qué solución nos ajusta a todos».
Badenas, que ha hablado de este encuentro en un comunicado, ha indicado que se va a «empezar a trabajar las medidas jurídicas pertinentes para evitar que el levantamiento de la suspensión de las licencias permita a Lim obtener los beneficios dimanantes de las fichas del pelotazo». «Exigiremos el cumplimiento íntegro de lo dispuesto en los convenios suscritos entre el Ayuntamiento y el Valencia CF», ha remarcado.
Este encuentro se ha producido después de que el pasado martes, en el pleno ordinario de mayo que celebró el Ayuntamiento de València, no se llegara a un acuerdo sobre las fichas urbanísticas que afectan a estas actuaciones, con condiciones planteadas a Lim para actuar en el espacio de ambos estadios, y el ejecutivo municipal rechazara la moción que defendieron los dos grupos de la oposición: PSPV-PSOE y Compromís.
La moción presentada por la oposición en el último pleno, original de PSPV y enmendada por Compromís, pedía aprobar en la sesión plenaria de junio las fichas urbanísticas vinculadas al Nou Mestalla y que estas incluyeran, a falta de la firma de un nuevo convenio con el Valencia CF, las condiciones que ha de cumplir el nuevo estadio, así como que se elabore una auditoría del coste del futuro campo.
El texto que rechazó el ejecutivo local partía de la moción presentada inicialmente por el PSPV-PSOE, un documento que no reclamaba en principio la auditoría y que proponía que el club de fútbol depositara «una fianza por el valor total de las obras de construcción del nuevo estadio» para «poder obtener la licencia de edificación» de ese campo.
"contrario a derecho"
Finalmente, la iniciativa socialista se modificó durante el pleno a partir de los informes jurídicos encargados por la Alcaldía --a la secretaría general del Ayuntamiento y del pleno y a la de Urbanismo-- respecto a la petición de la fianza y el resto de propuestas de acuerdo socialistas, para conocer sus «implicaciones jurídicas».
El informe de Urbanismo consideró que reclamar esa fianza desde el consistorio es «contrario a derecho». La moción fue además enmendada por Compromís, que logró que se incluyera la petición de la auditoría externa sobre el coste del estadio --con los requisitos de las fichas urbanísticas aprobadas con las exigencias del convenio--. Así, se eliminó del texto la solicitud de fianza y se puso la de la auditoría.