El sector inmobiliaria ha pedido al próximo Govern de la Generalitat que trabaje por aumentar la oferta de vivienda disponible y por la colaboración público-privada; dar seguridad jurídica y no sobrerregular, y afrontar las ocupaciones.
Han coincidido en eso, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Associació de Promotors de Catalunya (Apce), Xavier Vilajoana; el CEO de Anticipa Real Estate y Aliseda Inmobiliaria, Eduard Mendiluce; la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, y la presidenta de la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), Helena Beunza.
Xavier vilajoana (apce)
Vilajoana pide flexibilizar la regulación urbanística; un pacto Generalitat-ayuntamientos-promotores públicos y privados, para hacer ya pisos de venta y alquiler «con un marco estable y de seguridad jurídica para los inversores»; agilizar los plazos de tramitación de licencias de edificación y de tramitación de planeamientos urbanísticos; y movilizar suelo de reserva de VPO y de equipamientos.
Ha añadido que «los constantes cambios normativos y la inseguridad jurídica que generan» perjudican al parque de vivienda catalán: por eso considera un fracaso la medida del 30% de reserva de VPO en Barcelona, y constata también una reducción de la oferta de pisos en alquiler, que atribuye a la Ley de Vivienda y al reciente Decreto Ley de alquileres de temporada.
En cuanto a las ocupaciones, ha reclamado una regulación «rápida y efectiva» en los casos de ocupación de vivienda sin título habilitante, que incluya a las personas jurídicas y que deje de amparar situaciones de ilegalidad, como es el caso de Catalunya.
Eduard mendiluce (anticipa y aliseda)
Mendiluce pide más oferta y dar acceso a los más vulnerables, pero el sector público «carece de la capacidad presupuestaria» para lograrlo, por lo que plantea una relación estable y acuerdos público-privado, y pide a la Administración: un programa de incentivo de alquiler a largo plazo para dueños de vivienda vacía y un programa de concesión a 75 años sobre suelo privado para alquiler asequible con reversión a la Administración a cambio de un arrendamiento mínimo garantizado.
Además ha destacado que el FMI y el Banco de España instan a priorizar políticas que fomenten la oferta, «dejando atrás medidas intervencionistas» como los controles de precios de la Ley de Vivienda.
Ante la ocupación, ve a Catalunya como una anomalía europea obligando a alquileres sociales para «personas que no han acreditado debidamente su vulnerabilidad», lo cual causa inseguridad jurídica y que los dueños retiren pisos del mercado, y además plantea colaboración público-privada para regularizar la situación de familias vulnerables que ocupen un piso, pero a la vez pide endurecer penas en el CP.
María matos (fotocasa)
Para Matos es la época económicamente más difícil de Catalunya para comprar o alquilar, por lo que hay que equilibrar precios y frenar las grandes subidas: pide colaboración público-privada para construir más pisos asequibles, apostar por la regeneración urbana del parque de vivienda, y consensuar con el sector una seguridad jurídica que dé estabilidad al mercado.
Y no prevé que la oferta aumente pronto: Barcelona tiene más oferta de piso compartido que de piso entero para alquilar; la oferta de alquiler está bajo mínimos; el mercado de compra «se está calentando a un ritmo muy significativo» (la mayoría de distritos de las ciudades más pobladas superan precios de la burbuja de 2007); el desequilibrio oferta-demanda es muy alto; más de la mitad de promotores y constructores han parado su inversión, y más del 10% ha trasladado su actividad.
También alerta de que el temor a la ocupación hace que el dueño retire su piso del mercado, baje la oferta en Catalunya cerca del 15% y suban los precios (12% en alquiler y 4% en compra): ante eso, pide a la Administración una solución para los vulnerables, «sin trasladar la responsabilidad a los propietarios»; un cambio legislativo para frenar esta ilegalidad, y dar así imagen de estabilidad del sector.
Helena beunza (asval)
Beunza prioriza aumentar la oferta, sobre todo en régimen social y asequible, pero las políticas públicas no lo incentivan: por eso pide más inversión pública y programas de colaboración público-privada «a través de los cuales se movilice vivienda ya existente», así como suelo privado para ampliar este parque.
Ve una sobrerregulación y cree que es una de las grandes causas del problema de acceder a un piso, pero, una vez en vigor la Ley de Vivienda, «lo importante es que toda regulación se lleve a cabo de forma equilibrada» y con datos realistas, y ha añadido que el problema se agrava con el decreto del Govern de abril que amplía la contención de precios a todos los alquileres salvo los vacacionales, porque cree que no nació del diálogo entre los afectados ni tiene rigor jurídico.
Reprocha a la Administración catalana permisividad con la ocupación en vez de «ofrecer una solución, en colaboración con el sector privado, a aquellas familias vulnerables que están ocupando de forma ilegal», y defiende asegurar el cumplimiento de los mecanismos legales para facilitar al dueño que recupere su vivienda.