La Audiencia Provincial de Madrid juzga este martes a un guardia civil por adquirir préstamos bancarios y líneas telefónicas con datos de un compañero con el que hacía vigilancia en el Ministerio de Educación en Madrid.
En su escrito, el fiscal solicita una pena de tres años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil con un delito menos grave continuado de estafa. Además, reclama la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de guardia civil durante cinco años, y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 12 euros.
Según el relato hechos, el acusado compartió en 2017 destino con su compañero en una vigilancia del Ministerio de Educación. Aprovechándose de ello, el acusado tomó documentación de este (DNI, nóminas y declaraciones de la renta) y, tras modificar en las nóminas la fecha y la cuenta de cobro, utilizó dicha documentación para contratar, a nombre de su compañero líneas telefónicas y préstamos bancarios.
Así, señalaba como cuenta beneficiaria de los préstamos la cuenta de Ibercaja, de la que es titular la hija del acusado, menor de edad, y el acusado, apoderado en la misma, es el verdadero beneficiario.
Con ello, el acusado recibió un total de 36.000 euros por tres préstamos que figuraban a nombre de C. G. C., e hizo suyo ilícitamente este dinero. El acusado, además, contrató alguno de los servicios a nombre de C. G. C. utilizando la línea telefónica que pertenece a la Dirección General de la Guardia Civil y a la que el acusado tenía acceso por su profesión.