Compromís ha presentado una proposición no de ley (PNL) en Les Corts para reclamar al Consell que «proteja la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo según la ley» y «haga cumplir el Código Penal, especialmente en cuanto al acoso de mujeres que reiteradamente se producen en clínicas donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo».
La propuesta --iniciativa conjunta entre las portavoces de Sanidad e Igualdad de la coalición en Les Corts, Mònica Àlvaro y Vero Díaz, respectivamente-- exige «parar la involución en derechos reproductivos y sexuales de las valencianas», algo que, a su juicio, «va adquiriendo cada día más velocidad con los gobiernos de PP y VOX en las distintas administraciones, como denunció esta semana la coalición en Alicante después de comprobar la presencia de grupos 'provida' a las puertas de un clínica ginecológica privada en el centro de la ciudad».
«En nuestras capitales de provincia y resto de ciudades valencianas no son inusuales las personas que incumplen la ley asediando a las mujeres que, no olvidemos, son derivadas a estos centros porque les impiden ejercer su derecho en un hospital público», ha sostenido Àlvaro, según ha indicado la coalición valencianista en un comunicado.
En este sentido, ha recalcado que, como ha denunciado Compromís per Alacant, «el gobierno de PP y Vox está permitiendo el acoso de grupos antiabortistas en clínicas donde son derivadas la mayoría de mujeres que necesitan abortar porque la Generalitat no facilita los abortos en la sanidad pública como determina la ley».
«El código penal también prohíbe estas persecuciones en las clínicas y por eso desde Compromís llevamos iniciativas a Las Cortes para proteger las mujeres y para hacer cumplir la ley que PP y Vox están ignorando», ha declarado la diputada valencianista.
Àlvaro ha destacado que «la proliferación de hechos en la calle como los denunciados en Alicante se enmarcan dentro del clima ideológico instalado tras los pactos de la derecha y la ultraderecha, contrarios a posicionamientos feministas y promotores de actividades diversas contrarias a los derechos reproductivos de las mujeres».
Por este motivo, la iniciativa parlamentaria insta a que la administración «no promueva, participe ni financie» ningún tipo de actividad contraria a la normativa en materia de derechos reproductivos y sexuales que «vulneran, desprecian y divulgan prácticas contrarias a la libertad de las mujeres».
La diputada de la coalición valencianista ha señalado que en el último año «han proliferado actividades como las charlas adoctrinadoras en contra de las interrupciones del embarazo, promocionadas por el Ayuntamiento de València; la negativa de PP y Vox de abrir la casa de partos en Castelló; así como la oficina antiaborto presupuestada por el Ayuntamiento de Alicante».
"oficina antiaborto encubierta"
Compromís per Alacant ya denunció esta semana la «aparición de personas con pancartas y mensajes 'provida' como parte del clima creado por PP y Vox, hasta ahora inéditas en la ciudad». Precisamente, la concejala Sara Llobell ha anunciado que llevará la iniciativa parlamentaria al pleno del Ayuntamiento de Alicante para obtener un «compromiso político» que «defienda los derechos de las mujeres a decidir sobre su maternidad en una ciudad donde cada día parece más difícil ejercerlos».
«El Ayuntamiento de Alicante deja desprotegidas a las alicantinas», ha denunciado Llobell, al tiempo que ha afeado que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, «ha asegurado que la oficina antiabortos encubierta se pondrá en marcha».
«Recordamos que la situación en la que nos encontramos es de absoluta indefensión, puesto que el hospital general no está realizando abortos ya que todos los ginecólogos son objetores de conciencia. Y ahora con la creación de esta oficina, lo que se hará será coaccionar a las mujeres y no poner medidas sociales reales para aquellas mujeres que quieran continuar con su embarazo», ha concluido.