Las organizaciones que forman parte de la Mesa Social del Agua de Andalucía alertan del exceso de euforia tras las lluvias de las últimas semanas y, aunque reconocen que estas precipitaciones han traído un cierto alivio a la grave situación de sequía que atraviesa Andalucía, estas lluvias no se han distribuido de manera uniforme por todo el territorio. De esta manera, han exigido Planes Especiales de Sequía.
Así explica en un comunicado que, en las cuencas del Tinto-Odiel-Piedras y del Guadalquivir, sobre todo en la primera, que afecta a la provincia de Huelva, las lluvias han sido abundantes y han dado lugar a una recuperación significativa de los recursos embalsados.
Por contra, en la cuenca del Guadalete-Barbate y en las cuencas Mediterráneas andaluzas, la precipitación ha sido menor, muy reducida en las zonas más orientales, de manera que las provincias de Cádiz, Málaga, el litoral granadino y Almería no han mejorado e incluso están en peor situación que el año pasado por estás misma fechas.
Por esto, la Mesa Social del Agua reitera que «no es momento de lanzar las campanas al vuelo». En primer lugar, según detalla, porque las lluvias no han venido a resolver de manera general la propia situación de sequía meteorológica y «todavía no se han compensado el déficit de precipitación acumulado». A esto se añade el hecho de que antes y ahora después de las lluvias vuelven las temperaturas anormalmente altas, que seguirán provocando una evaporación y transpiración extraordinaria que reducirá la productividad de estas precipitaciones.
Por otro lado, insiste en que no se puede confundir el fenómeno meteorológico de la sequía, déficit de precipitaciones, con la escasez, que es el desequilibrio entre las altas demandas de agua, especialmente en los sectores productivos (regadío y turismo) y los recursos disponibles.
Recalcan que es necesario insistir en esta idea clave: «lo que afecta a Andalucía es una crisis de escasez, acentuada por lluvias irregulares y extraordinarias olas de calor, detrás de las cuales asoman los efectos del cambio climático». La demanda de agua del conjunto de Andalucía, con grandes diferencias espaciales, ha sobrepasado la disponibilidad del recurso, ha lamentado.
«El déficit es estructural, soportado en muchos casos por la sobreexplotación generalizada de aguas subterráneas», advierte. Es por ello que, frente a «mensajes imprudentes», la experiencia de estos últimos años y la atenuación de la gravedad de la sequía, aunque muy pequeña en gran parte del litoral andaluz, la Mesa Social del Agua ve ahora «una oportunidad para replantear el modelo de gestión del agua en Andalucía».
En la provincia de Huelva, en el Tinto-Odiel-Piedras, la sequía de estos últimos años ha abierto los ojos a los que aún confiaban en el carácter infinito del agua, apoyaban las previsiones de 45.000 nuevas hectáreas de regadío y toleraban la continua expansión de los riegos «en precario».
En otras zonas, como en el Guadalquivir, el Guadalete o la Axarquía, se han visto las consecuencias del crecimiento de los regadíos descontrolados en zonas previamente no definidas que, además de la propia viabilidad de las inversiones realizadas, ponen en riesgo el suministro a las demandas previamente establecidas o incluso a los abastecimientos urbanos.
"esto no puede continuar"
La Mesa Social del Agua recuerda la necesidad «imprescindible» de elaborar y disponer de Planes Especiales de Sequía (PES), como mandan las leyes de agua estatal y autonómica. Pese a sus deficiencias, que explican las alegaciones de esta Mesa, el PES del Guadalquivir ha permitido aplicar escalonadamente medidas de reducción de dotaciones y otras actuaciones desde las primeras etapas de la sequía.
Por el contrario, en las cuencas internas de Andalucía, a pesar de que la Junta ha aprobado sus propios planes, «en la práctica no los ha ejecutado y los ha sustituido por la aplicación de una serie de decretos que denota falta de previsión y que han provocado tomas de decisión bruscas y contradictorias». Un ejemplo de ello, según apunta, es el caso de la Cuenca Guadalete-Barbate, donde se ha pasado de cero restricciones al anuncio del 75% de disminución de dotaciones.
De la misma manera, también advierte sobre la necesidad de disponer de Planes de Emergencia de Sequía elaborados de una manera participativa en todas las poblaciones mayores, como mínimo, de 10.000 habitantes, como ordena la Ley andaluza del agua.
En este sentido, afirma que allí donde se ha dispuesto de estos planes de forma participada --Cádiz, Puerto Real, Chiclana de la Frontera o el área metropolitana de Sevilla--, la identificación de umbrales desde pre-alarma hasta emergencia, que disparan medidas de información, concienciación restricción de usos, entre otros, «han demostrado su utilidad, aun con todas sus imperfecciones».
«La administración no puede decidir, ya en situación de emergencia y sin la imprescindible participación pública, prohibir o no determinados usos», ha subrayado.
Considera que es necesario impulsar planes locales de reutilización que consigan que los baldeos, riego de jardines y de campos de golf se hagan solo con aguas regeneradas. En este punto, afirma que la reutilización de las aguas en las zonas costeras debe convertirse en una importante fuente de suministro para complementar los recursos disponibles y para dar idea de la necesidad de diversificar las fuentes de recurso. «Sin un estudio específico caso a caso, es fácil caer en la tentación de afirmar que toda reutilización es un incremento de recursos y eso es pernicioso», ha destacado.
Por otro lado, las organizaciones alertan sobre la necesidad de introducir la obligación de que los hoteles, edificios de nueva construcción y grandes rehabilitaciones se doten de tanques de aguas grises para este tipo de usos. Además, consideran vital transmitir responsabilidad a los turistas, que pueden disfrutar de sus vacaciones, pero siendo conscientes de las características climáticas del territorio en el que vivimos.
Por último, reitera que la gestión de la escasez de agua exige una perspectiva de justicia social, además de medidas de ahorro y eficiencia. Esa perspectiva de justicia debe incluir medidas como: evaluar los efectos en el empleo especialmente la destrucción derivada de la situación hidrológica y los problemas que genera en el tejido productivo. Concretar la modulación de dotaciones de riego que garanticen la supervivencia de la agricultura familiar y profesional, arraigada en el territorio.
También ve necesario en que la reasignación de agua entre distintos usuarios no se puede hacer por medio de mercados opacos entre agentes privados, sino por medio de «bancos públicos de agua» transparentes, basado en criterios ambientales, económicos y sociales de interés general.