La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que reclamará, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los 2.000 millones de euros de recursos para ayuntamientos y comunidades autónomas que el Gobierno de España ha decidido destinar a la compra del 10 por ciento de la empresa Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
«Vamos a reclamarlo», ha subrayado Chueca, a la vez que ha recordado que la semana próxima, a través de la FEMP, hay una reunión con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la Comisión Nacional de Administraciones Locales (CENAL) donde se exigirá que se destinen estos recursos a su uso inicial.
«Si el Gobierno de España --ha expuesto Chueca-- ha decidido entrar en una empresa privada, como es Telefónica, no son los ayuntamientos, ni las comunidades autónomas las que tienen que pagar con menos financiación, que es lo que está haciendo».
En declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa de Zaragoza ha comentado que esta decisión es «otra consecuencia más del Gobierno de Sánchez», al argumentar que no solo «afecta negativamente» el que haya decidido prorrogar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que supondrá que no cumplirán con las transferencias de crédito del Gobierno central a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a los que se habían comprometido en la última CENAL, sino que, «además, ahora decide restar 2.000 millones de euros para invertir en una empresa privada, quitándolos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos».
Chueca ha asegurado que ha tenido conocimiento de esta decisión del Gobierno de España a través de los medios de comunicación y ha calificado de «bastante lamentable» tener que estar viendo cómo «afectan continuamente las decisiones del Gobierno central siempre en contra de los ayuntamientos y las comunidades autónomas».
Estrangular a los ayuntamientos
A su parecer, el Gobierno que lidera Pedro Sánchez «está en un círculo negativo consecuencia de no haber sacado adelante unos nuevos presupuestos y las consecuencias las estamos teniendo que asumir los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que, al final, afecta a los servicios públicos de los ciudadanos».
En este sentido, ha mencionado que la prórroga de los PGE de 2023 va a suponer que el Ayuntamiento de Zaragoza tenga una merma de 17 millones de euros de transferencias del Estado, a lo que se tendrá que sumar la parte alícuota de los 2.000 millones de euros de recursos para ayuntamientos y comunidades autónomas. «Nunca es a incrementar el presupuesto municipal por las transferencias de crédito que tiene que hacer el Gobierno central a los ayuntamientos, sino que siempre es a restar».
Ha señalado que los ayuntamientos están asumiendo desde los ayuntamientos municipales una financiación, «cada vez más injusta porque hay nuevos impuestos, nuevos servicios que se prestan desde los ayuntamientos». Al respecto, ha destacado el «gran esfuerzo» que se hace desde la administración local para «estirar los presupuestos municipales sin tener que subir los impuestos a los ciudadanos».
Ha concluido al sentenciar: «Efectivamente, las políticas del Gobierno de Sánchez cada vez nos estrangulan más a los ayuntamientos».