El consejero de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, impulsará la elaboración de una ley de fiscalidad diferenciada para facilitar la actividad económica en el medio rural. Así lo ha indicado en una interpelación con el portavoz de CHA, José Luis Soro, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.
En su intervención, Bermúdez de Castro ha explicado que esta ley incluirá medidas para todos los ciudadanos que quieran residir o abrir un negocio en ciertos municipios, también las familias numerosas y las empresas familiares, así como una deducción sobre el transporte, que el Gobierno PSOE-CHA anunció en 2016.
El consejero ha reiterado el compromiso del Gobierno de rebajar medio punto el IRPF en lo que queda de legislatura, indicando que observarán cómo evoluciona la economía el año próximo, 2025, para llevarlo a cabo, y si no es posible lo realizarán en 2026 o 2027. Ha recordado que este año se ha deflactado el IRPF un cinco por ciento para rentas inferiores a 50.000 euros.
Otras medidas fiscales son la bonificación al 99 por ciento del grupo 2 del impuesto de Sucesiones, de forma que se quedará para todos en el mínimo exento, el uno por ciento, puntualizando que el Gobierno regional no tiene competencia para quitar impuestos a los grupos 3 y 4.
José Luis Soro ha echado en cara al consejero que no se ha rebajado el IRPF medio punto, como anunció el Ejecutivo, considerando «insuficiente» deflactar los tramos, y ha recordado que CHA ha propuesto algunas deducciones, como las relativas al pago del comedor escolar para contribuyentes con discapacidad y familias monoparentales o la adquisición y adecuación de vivienda para personas con discapacidad, también para la emancipación de jóvenes y para la defensa jurídica en procesos laborales.
El portavoz de CHA ha dejado claro que este grupo discrepa del Gobierno PP-VOX respecto al impuesto de sucesiones, que «pagan muy pocas personas, prácticamente ningún hijo, y quienes tributan sobre todo son los parientes lejanos y los extraños». Ha preguntado cuánto dejará de recaudar la Administración aragonesa por el impuesto sobre el patrimonio, al elevarse el mínimo exento de 400.000 a 700.000 euros.