Los dos varones con antecedentes por delitos contra la salud pública fallecidos al arrollar un camión articulado un control de drogas instalado por la Guardia Civil en el tramo de la autovía AP-4 correspondiente a Los Palacios y Villafranca (Sevilla) contaban con tales antecedentes, al resultar afectados cada uno de ellos por la operación promovida en 2018 por la Guardia Civil contra el clan de «Los Mellis» y en 2021 contra la organización criminal encabezada por un sujeto conocido como «El Tapi».
Estos dos varones con antecedentes por drogas, fallecidos en dicho accidente junto a dos miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil que participaban en el control y otras dos personas que circulaban en un vehículo particular; son un vecino de Dos Hermanas (Sevilla) de 47 años de edad y un ciudadano de Ceuta de 53 años.
A tal efectos, fuentes del caso consultadas por Europa Press han precisado que el citado vecino de Dos Hermanas sería una de las personas detenidas en 2018 en las operaciones denominadas Minimus, Temple y Thuran, saldadas con el desmantelamiento de un entramado criminal especializado en el tráfico de heroína en las provincias de Málaga y Sevilla. Aquellas actuaciones policiales se centraron en un clan apodado «Los Mellis» y dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes en la capital sevillana, mayormente heroína, de la que se abastecerían en la provincia de Málaga.
La operación asgard contra el clan de el tapi
En el caso del vecino de Ceuta, se trataría de uno de los 46 detenidos de la operación Asgard en 2021, saldada con el desmantelamiento de una organización dedicada al tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales liderada por un individuo apodado «El Tapi». En aquella operación, desarrollada en las provincias de Cádiz, Málaga, Almería, Murcia, Barcelona y en la ciudad de Ceuta; fueron incautados 8.665 kilos de hachís, además de seis embarcaciones neumáticas semirrígidas.
De momento, el Juzgado número uno de Utrera ha ordenado a petición de la Fiscalía el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del camionero responsable del accidente.
En el auto emitido al respecto, el juez recuerda que la Ley dispone que para la medida de prisión provisional es necesario que pesen «motivos bastantes para creer responsable criminalmente al detenido» y, en este caso, el magistrado considera que «existen indicios suficientes para considerar» al camionero, de 59 años, nacionalidad española, sin antecedentes y que arrojó un resultado negativo en las pruebas de alcohol y drogas; como autor de los hechos delictivos investigados, al constar en el atestado de la Guardia Civil que ha reconocido que era él quien conducía el camión en el momento de los hechos.
El juez esgrime además en su auto, según el TSJA, que los agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil están elaborando el pertinente informe técnico sobre la mecánica del accidente, analizando todos los vestigios del siniestro, daños en los vehículos o los elementos del vehículo que originó el accidente, por lo que «si el detenido estuviese en libertad, podría eliminar dichas fuentes de prueba en una fase tan incipiente de la investigación».
El juzgado considera además que la pena que se le podría imponer al camionero, de elevada graduación incluso en su límite mínimo, «permite dudar que la puesta en libertad del detenido con medidas alternativas a la prisión garantizasen la presencia del mismo durante todo el procedimiento». No en vano, se le atribuyen seis presuntos delitos de homicidio por imprudencia y otros tres supuestos delitos de lesiones graves por imprudencia.
Ninguna otra medida evita el "riesgo de fuga"
En este sentido, el juez pone de manifiesto en su auto que la presencia de los investigados en toda la instrucción y en el acto del juicio oral «sólo puede garantizarse mediante una medida privativa de libertad», por lo que «se hace necesaria la medida cautelar personal de prisión provisional, comunicada y sin fianza», puesto que «ninguna otra medida de aseguramiento evitará el riesgo de fuga», de modo que la retirada del pasaporte, la imposición de comparecencias apud acta o una fianza «no ofrecen la garantía suficiente de la presencia de los investigados en la instrucción y en el acto del juicio».
Tras esta decisión del Juzgado número uno de Utrera en sus funciones de guardia de detenidos, la causa la instruirá como tal el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Utrera, que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos.
El accidente ocurría sobre las 4,40 horas de la madrugada de este pasado martes en el kilómetro 24 del sentido Sevilla de la autovía AP-4, en Los Palacios, donde el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil había instalado un control de interceptación de traslados de sustancias estupefacientes, conformado por un total de 17 agentes, el doble del mínimo de ocho efectivos que marca el protocolo del Instituto Armado para este tipo de dispositivos.
Aunque el control estaba en un punto «de visibilidad» de la autovía y estaba debidamente señalizado, según el subdelegado del Gobierno central en Sevilla, Francisco Toscano Rodero, fue «barrido» según sus palabras por un camión articulado cargado de productos hortifrutícolas que había partido de La Línea de la Concepción (Cádiz) con destino a Guarromán (Jaén).
Una posible "somnolencia" del camionero
Mientras el comandante de la Guardia Civil Rafael Jiménez Onetti explicaba a los medios de comunicación en el lugar del siniestro que se indagaría la posibilidad de «una somnolencia o una falta de atención» del camionero como posibles causas del siniestro, el subdelegado del Gobierno central ha reiterado que se trata de un «siniestro vial por causas accidentales», aludiendo a «una distracción, un destello o un despiste» del conductor del camión, que antes de la colisión sólo dio «un frenazo o volantazo» dirigiendo el vehículo hacia el arcén, pero sin evitar que el mismo impactase contra tres coches patrulla del GAR y dos turismos particulares.
Como consecuencia de ello, han fallecido en cualquier caso dos agentes del GAR de la Guardia Civil y cuatro personas más que habrían estado en los vehículos particulares detenidos con motivo del control, entre ellos los citados varones con antecedentes por delito contra la salud pública.