El Pleno del Consejo Social de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea ha dado luz verde este mediodía al Presupuesto de la UPV/EHU para el ejercicio 2024, que ascenderá a 531 millones, un 7,3% más que en 2023.
Este visto bueno se ha producido tras analizar el Proyecto aprobado por el Consejo de Gobierno de esta universidad el pasado 22 de febrero, así como el informe que, sobre dicho proyecto, emitía igualmente la Comisión Económica y Financiera del Consejo Social.
Del presupuesto aprobado para este año, 466,1 millones de euros corresponden al presupuesto ordinario, otros 39,4 millones a los diferentes contratos programa, 25 millones al plan plurianual de inversiones y 0,45 millones al Consejo Social de la UPV/EHU, la misma cantidad que en los últimos ejercicios.
Casi el 91% del total de los ingresos totales corresponden a la suma de las Transferencias Corrientes recibidas, donde se incluyen las Tasas y otros ingresos (como por ejemplo la venta de servicios). Por su parte, las Transferencias de capital recibidas aportarán otro 8% de los ingresos.
Cerca del 73% de los ingresos de la universidad pública vasca proceden de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Vasca, un 8,4% de tasas académicas y otro 18,7% incluye ingresos derivados de la actividad de la universidad como contratos externos, proyectos de investigación, títulos propios.
Aumento de las inversiones reales
En el análisis por capítulos, la parte principal del gasto para este año se dirigirá a gastos de personal, 387 millones de euros (casi el 73% del total, frente al 77% del ejercicio anterior). La partida de gastos de personal se ha incrementado en el último año en 15,3 millones de euros, lo que supone un aumento anual del 4,12%. El capítulo de mayor incremento con respecto al ejercicio 2023 es el de Inversiones Reales, con un incremento de 20 millones de euros.
Así, uno de los proyectos más destacables del nuevo presupuesto, es la partida de 32 millones de euros dedicados a la mejora de las infraestructuras. De esta cantidad, 25 millones irán destinados al nuevo edificio de la Facultad de Medicina y Enfermería en la capital vizcaína.
La construcción de esta infraestructura comenzó en 2023 con 3,5 millones de euros, sobre un presupuesto total de 62 millones de euros a ejecutar entre los años 2023 y 2026. Además, se han proyectado diferentes inversiones vinculadas al Plan Plurianual Especial de Mejora de las Infraestructuras de la UPV/EHU, dirigidas a aspectos como la sostenibilidad, la accesibilidad y la seguridad de los edificios.
Además, destaca la previsión de inversión de otros 5 millones de euros como coste de implantación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Fiscalización de las cuentas
Por otra parte, el Pleno del Consejo Social de la UPV/EHU ha analizado en la reunión de esta mañana el informe de fiscalización de la UPV/EHU correspondiente al ejercicio 2021.
El Informe -presentado al Pleno por la presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), Ana Helguera, acompañada de la consejera Inmaculada Anda y la auditora María José García- concluye que la Universidad cumplió ese año razonablemente con la normativa legal que regula su actividad económico-financiera con deficiencias puntuales tanto en el área de Personal como en Contratación Administrativa.
El informe muestra un ejercicio con un resultado corriente positivo cifrado en 13,2 millones de euros y se constata que la UPV/EHU seguía en 2021 sin endeudarse, mientras que el remanente de tesorería para gastos generales aumentaba con respecto al ejercicio 2020 en 26,5 millones de euros.
Por otra parte, el pleno del Consejo Social de la UPV/EHU, aprobaba seis modificaciones presupuestarias por un importe acumulado superior a los 19.500 euros. Se trata de modificaciones inferiores a los 10.000 euros dirigidas a la adquisición de equipamiento docente y científico para proyectos de investigación de la UPV/EHU.
De igual modo, se aprobaban los precios de 36 cursos de extensión universitaria. Por último, el Pleno del Consejo Social de la UPV/EHU analizaba los estados de liquidación auditados del Presupuesto del propio Consejo Social a 31 de diciembre.