El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha empezado a trabajar este lunes en la creación de un comisionado que supervise el cumplimiento del Acuerdo de Doñana que alcanzó con el Gobierno el 27 de diciembre, que se traduce en un gasto conjunto de 1.400 millones en medidas socieconómicas para los municipios en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado en la rueda de prensa a la conclusión del Consejo de Gobierno que ha comenzado «la formulación, no la creación» de esta figura, antes de proseguir explicando que tendrá su sede en la Delegación del Gobierno de Huelva y que integrarán funcionarios de la Junta de Andalucía, de las consejerías de la Presidencia, Agricultura, Fomento y Sostenibilidad, por lo que no será «un comisionado político», que dependerá de la Viconsejería de Sostenibilidad.
La creación de este comisionado se llevará a cabo mediante con una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería de Sostenibilidad para dotar de un puesto de personal funcionario de nivel 30 adscrito a su Viceconsejería, según una nota de la Junta.
La aspiración, ha relatado Fernández-Pacheco, que avanzó la puesta en marcha de esta figura la semana pasada durante una comparecencia parlamentaria en comisión, es «contar con una fiscalización exhaustiva sobre si los objetivos se están cumpliendo».
La pretensión de la Junta de Andalucía con la ubicación en Huelva del comisionado, aunque el Acuerdo de Doñana afecta a 14 municipios incluidos también de las provincias de Cádiz y Sevilla, es que «cualquier persona interesada pueda tener acceso fácil y una correcta interlocución» para todo tipo de actores, entre los que ha incluido a alcaldes, el Consejo de Participación de Doñana, organizaciones, agentes sociales o empresarios.
«Es una figura que va a estar a pie del territorio, en Huelva», ha remarcado el consejero y portavoz, convencido de la necesidad de lograr «un cumplimiento escrupuloso» del acuerdo con el Gobierno.
Cuestionado sobre si la puesta en marcha de este organismo se contemplaba en el acuerdo rubricado con el Gobierno en noviembre del pasado año, ha asegurado que de hecho era una previsión del Plan de Ordenación de los Recursos al norte de la Corona Forestal de Doñana de 2014, de manera que «ya lo contemplaba» y «nunca llegó a crearse», por lo que ha colegido que «no sólo creamos la oficina sino que le damos más entidad».
«Es muy importante que ante las expectativas que ha generado el pacto, las administraciones estemos a la altura», se ha reafirmado Fernández-Pacheco sobre la necesidad de crear este órgano y desterrar así la percepción de que «parezca que se firma el pacto y nos desentendemos».
CATORCE MUNICIPIOS BENEFICIARIOS El Acuerdo de Doñana prevé acciones económicas y ambientales en la llamada área de influencia del Parque Nacional de Doñana, que son los casos de los municipios de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Rociana del Condado (Huelva); y Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).
El comisionado tendrá como funciones el seguimiento de las iniciativas que debe ejecutar cualquier Administración Pública, ya sean líneas de ayudas e inversiones directas; la coordinación de la participación de la Junta de Andalucía en el foro de diálogo sobre los compromisos de ambas administraciones, y la evaluación de las iniciativas y actuaciones, según una nota de la Junta.
Serán funciones del comisionado la interlocución con el Consejo de Participación de Doñana, ayuntamientos y agentes sociales y medioambientales sobre la ejecución del protocolo por parte de la Junta de Andalucía, y la coordinación con la Comisión de Seguimiento y Ejecución del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana.