La Comunidad de Madrid ha comenzado a tramitar de oficio nuevos expedientes de responsabilidad patrimonial para otra tanda de viviendas afectadas por los daños causados por las obras de ampliación de la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares.
En concreto, ha iniciado los procedimientos de responsabilidad patrimonional para las edificaciones situadas en la calle de Pablo Olavide, números 1, 3, 5, 7, 9 y 11; en la calle de Ventura Argumosa, número 20, segunda planta, puertas A, B, C, D, E, F y G y las plazas de garaje y zonas comunes; y en la calle Rafael Alberti, número 7 (portales 3 y 4) y número 9, según la orden aprobada por el departamento que dirige Jorge Rodrigo, consultada por Europa Press.
La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras sumará así nuevos expedientes a efectos de indemnizaciones patrimoniales a los 76 ya abiertos, de los que ya se han pagado 55, con una cantidad desembolsada por valor de casi siete millones de euros.
El Gobierno autonómico ha presupuestado para este año más de 63,3 millones para atender el pago de distintos conceptos relacionados con la atención a las familias y los terrenos de la zona dañada como las indemnizaciones de responsabilidad patrimonial, el mantenimiento de la oficina de atención a los afectados y la ejecución de todas aquellas acciones destinadas a la mejora de las infraestructuras de la línea del suburbano.
Se incluyen en esta partida, además, los gastos derivados del realojamiento de las personas que vivían en los inmuebles damnificados, así como su manutención, mudanza y custodia en guardamuebles. Hasta el momento, se han invertido casi 2 millones en el abono de los gastos derivados del realojo de 42 familias.
El Gobierno regional también ha puesto en marcha un Plan Estratégico de Subvenciones, dotado con medio millón de euros, para impulsar la reactivación económica de las empresas y comercios situados en las calles sanfernandinas de Nazario Calonge, Presa, Rafael Alberti y Ventura de Argumosa, que han visto alterada su actividad profesional.
El pasado día 9 de febrero, además, se comenzó a prestar servicio de ayuda psicológica a los vecinos afectados dentro de un espacio específico habilitado para ello dentro de la oficina de atención al ciudadano situada en la localidad.