La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha presidido la Mesa de Interlocución Agraria en la que las organizaciones Asaja, Coag y UPA, así como Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, han analizado las medidas planteadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tanto al sector como a las comunidades autónomas en materia de flexibilización y ayudas a los agricultores y ganaderos.
Unas medidas que han sido calificadas «mayoritariamente de insuficientes», ya que, según los propios representantes de las organizaciones, «no cumplen ni con las demandas ni las alegaciones presentadas de forma conjunta por Andalucía», según lo recogido por la Junta en una nota de prensa. A este respecto, la Mesa de Interlocución ha acordado «de forma unánime» seguir pidiendo ante el Ministerio de Agricultura que «se atienda todo el conjunto de las alegaciones presentadas por Andalucía al plan estratégico de la PAC (Pepac), así como una »mayor flexibilización" de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM).
Igualmente, la Mesa ha reclamado que «se incida en la ampliación de los ecorregímenes con el foco puesto en que la agricultura ecología sea considerada 'per se', que haya más para el regadío, así como que se establezca el aserpiado del viñedo, y que estén adaptados a las zonas áridas de Andalucía», entre otros. Para la consejera, Carmen Crespo, «se trata de peticiones lógicas y más que necesarias que están ya recogidas en las alegaciones que Andalucía ha presentado, de forma conjunta, con los miembros de la Mesa».
De otra parte, en la Mesa de Interlocución ha sido «unánime» la petición de incidir ante el Ministerio de Agricultura en «una firme defensa ante la competencia desleal» que se produce ante el «posible incumplimiento» de los aranceles y contingentes establecidos a terceros países y, en este sentido, han explicado la situación que, en estos momentos, está sufriendo el sector de los cítricos o frutas y hortalizas.
En este sentido, se ha acordado seguir reclamando al Ministerio «un mayor control y refuerzo» en los Puntos de Inspección Fronteriza de los Puertos (PIF) y una mayor la defensa ante la UE para la implantación de las cláusulas espejo. De hecho, «se ha valorado la posibilidad de pedir la comprobación del grado de cumplimiento de los respectivos contingentes, a fin de poder recurrir ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en caso de incumplimiento de los mismos».
De otra parte, también, se ha acordado «seguir adelante» con las inspecciones al reetiquetado que se está haciendo desde la comunidad autónoma andaluza. Por otro lado, la Mesa de Interlocución ha coincidido en que hay que abordar la Ley de la Cadena Alimentaría, porque ésta es muy mejorable aún para que sea funcional. Por tanto, «hay que actuar sobre ella para que sea útil para los agricultores y ganaderos de Andalucía, ya que ahora no lo es».
Por ello, desde la Mesa, «se ha decidido continuar pidiendo al Gobierno central cambios más allá de elevar una Agencia porque si no se adapta la Ley a la realidad de nada servirá potenciar la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)». Respecto al Cuaderno Digital Agrario, la mayoría de los miembros de la Mesa han apuntado estar de acuerdo en que no se establezca hasta que no sea obligatorio en Europa, «a fin de no crear más trabas a los agricultores y ganaderos que ya tienen que asumir demasiadas exigencias».
En este sentido, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha explicado que «se trata de restar burocracia y mayores obstáculos para nuestros agricultores». La consejera ha recalcado que «los agricultores andaluces piden igualdad y respeto porque si hay importaciones de terceros países a la Unión Europea, éstas deben tener las mismas condiciones que las de los productores europeos porque si no, además de suponer nuevas trabas para nuestros agricultores, estamos engañando a los consumidores».