La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha avanzado este martes que tras los exámenes y la valoración de méritos, a principios de mayo se adjudicarán las primeras 1.600 plazas de la OPE de empleo Público, correspondientes, entre otras, a las escalas administrativa, personal de apoyo y auxiliar administrativa, así como la técnica de enfermería, y la toma de posesión tendrá lugar en julio.
En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, Garamendi ha repasado las actuaciones que ha llevado a cabo su Departamento en materia de empleo público y las que quiere impulsar próximamente.
Garamendi ha afirmado que esta ha sido «la legislatura de la mejora de la calidad del empleo público» y ha defendido las diferentes actuaciones realizadas, como las leyes de Cuerpos y Escalas y la del Empleo Público «que han permitido abordar los procesos de consolidación del empleo público».
En este sentido, ha recordado que este proceso todavía no ha terminado, «actualmente encara su tramo final y una vez concluya a finales de este 2024 supondrá el fin de la temporalidad de alrededor de 3.700 plazas en la Administración General y se situará por debajo del 8%».
Adjudicación en mayo
La consejera ha precisado que, tras los exámenes y la valoración de méritos, este es el momento previo a la adjudicación de las primeras 1.600 plazas, correspondientes entre otras a las escalas administrativa, personal de apoyo y auxiliar administrativa, así como la técnica de enfermería. Según ha avanzado, las plazas se adjudicarán a principios de mayo y la toma de posesión se realizará en julio.
El resto corresponde en su mayoría a escalas superiores, facultativas y técnicas, y su adjudicación comenzará en septiembre, mientras que la toma de posesión será entre los meses de noviembre y diciembre.
La consejera también ha destacado «el aumento que el empleo público ha registrado en el conjunto del sector público de la CAE entre enero de 2020 y diciembre de 2023» y ha subrayado que «en este periodo el personal público ha aumentado por encima de las 5.000 personas, un incremento que hay que entenderlo como la apuesta por el fortalecimiento de los servicios públicos».
Respecto a la oferta pública de empleo de 2023, recientemente anunciada por el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, ha señalado que «son más de 3.000 plazas, lo que permitirá dar cumplimiento al compromiso de ir realizando periódicamente convocatorias de empleo que aborden el relevo generacional de manera sostenible y continuar haciendo frente a la interinidad».
Garamendi también ha hecho referencia a algunas medidas dirigidas a «la mejora de las condiciones laborales de las personas empleadas públicas» y ha citado la ampliación de la flexibilidad del horario de entrada y salida para quienes tienen hijas o hijos de 12 a 14 años, la reducción de la jornada por enfermedad muy grave de familiares o por cuidado de menores o personas con discapacidad, entre otros.
En este sentido, ha destacado que en la última mesa sectorial «la mayoría sindical ha rechazado propuestas de la Administración que mejoraban sustancialmente las condiciones en cuanto a jornadas y horarios, permisos y licencias, y acceso al teletrabajo».
Asimismo, Garamendi ha resaltado la importancia del proceso selectivo para el acceso al empleo público de seis personas con discapacidad intelectual que comenzará el 5 de marzo con los primeros exámenes y en las que participarán cerca de 400 personas.
También ha recordado la oferta de puestos reservados a personal funcionario con habilitación nacional de las Administraciones locales para plazas de secretaría, intervención y tesorería.
«Es la primera vez que se ha convocado desde Euskadi, ejerciendo una competencia que ha sido cuestionada, pero que asegura que los ayuntamientos y entidades locales puedan cubrir estas plazas con el perfil lingüístico adecuado», ha concluido.