El Juzgado de instrucción número 2 de la localidad guipuzcoana de Azpeitia ha acordado el sobreseimiento provisional de la querella interpuesta en 2014 por la Diputación de Gipuzkoa por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos en las obras de la AP-1 en el tramo Eskoriatza norte-Arrasate norte, conocido como 'caso Bidegi'.
En el auto, fechado este pasado miércoles, se acuerda «el sobreseimiento priovisional» de la causa y se decreta el archivo de las actuaciones una vez que la resolución, contra la que cabe interponer recurso de reforma en el plazo de cinco días desde su notificación, sea firme.
En la resolución se recoge que en las diligencias practicadas «no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa».
El origen de este procedimiento fue la querella interpuesta en 2014 por la Diputación foral de Gipuzkoa, gobernada en ese momento por EH Bildu, contra el entonces director de contrato de la Agencia de Infraestructuras guipuzcoanas Bidegi, sociedad foral encargada de gestionar y mantener las autopistas en ese Territorio, un director de obra y un representante de la UTE Laurena por «supuestas desviaciones injustificadas en las liquidaciones y unos sobreprecios», que habrían «supuesto perjuicio económico» para la institución foral, en los abonos por la obra de la AP-1 Vitoria-Gasteiz -Eibar, en el tramo Eskoriatza norte-Arrasate norte.
Sin perjuicio económico
El auto se refiere a diversos informes periciales y concluye que «se ha acreditado que en la liquidación final de la obra no ha existido perjuicio económico para la Diputación ni para Bidegi S.A, por lo que no puede hablarse de desviaciones de dinero público mediante sobreprecios que pudieran sostener una acusación de delito de malversación de caudales públicos» como se mantenía en la querella.
El pasado agosto el mismo juzgado acordó asimismo el sobreseimiento provisional de otra querella del denominado «caso Bidegi» interpuesta en 2015 por la Diputación de Gipuzkoa por varios delitos, entre ellos el de malversación de caudales públicos, en relación con las obras de AP-1 en el tramo Arlaban-Eskoriatza norte. Este archivo está recurrido en la Audiencia de Gipuzkoa.