La Fiscalía de Madrid ha solicitado al juez el archivo de la denuncia interpuesta contra el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, han informado a Europa Press fuentes fiscales.
La denuncia se interpuso en relación a las cargas policiales que tuvieron lugar el pasado 6 de noviembre con lanzamiento de gases lacrimógenos en las protestas convocadas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la ley de amnistía.
El juez de Instrucción número 49 de Madrid ya tiene sobre la mesa el informe en el que el fiscal solicita el sobreseimiento de las diligencias abiertas al considerar que «no hay indicio de delito alguno», según apuntan las mismas fuentes.
Las diligencias previas se abrieron a raíz de una denuncia interpuesta por la Asociación Reivindicativa de Memoria Histórica Raíces. También se incoaron diligencias contra los mandos policiales que ejecutaron las órdenes.
Tras este trámite procesal, se dio traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informara sobre la admisión de la denuncia, que considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de disolución ilegítima de una reunión pacífica, prevaricación, delito de lesiones y delito de tortura y contra la integridad moral.
El documento recogía que durante las cargas se «utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud de personas que mostraban su desacuerdo con las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con el resultado de varios heridos».
Durante esa jornada, con unas 3.800 personas en la protesta, los agentes de la Unidad de Intervención Policial tuvieron que intervenir, lanzando gases lacrimógenos, pelotas de goma y botes de humo, iniciando una carga contra los manifestantes que se extendió por los alrededores de Ferraz.
En un comunicado, Raíces destacaba que «miembros de la policía de paisano blandieron barras extensibles de acero con las que golpearon a los ciudadanos de la manifestación, a pesar de que la normativa aplicable lo prohíbe, así como que las UIP dispararon pelotas de goma a la cara, dieron palizas en los callejones del barrio y procedieron a cometer todo tipo de abusos policiales».