El juicio por el conocido como caso Erial, en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana, ha sido aplazado de nuevo ante la enfermedad del abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana. Se retomará el 21 de marzo.
La vista debía arrancar este jueves, 1 de febrero, en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, pero se ha tenido que suspender de nuevo tras alegar Zaplana que no cuenta con abogado, ya que el suyo está indispuesto por una enfermedad.
El juicio ya sufrió un primer aplazamiento el pasado 9 de enero ante una enfermedad del fiscal Anticorrupción encargado de la causa, que se dirige contra Zaplana, el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas y otras 13 personas.
Pese a la nueva suspensión, este jueves han tenido que acudir a la Audiencia los 15 acusados. Uno de los primeros en llegar al edificio judicial, poco antes de las 9 horas, ha sido Olivas; mientras que media hora más tarde se ha presentado Zaplana. Ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones a los medios que esperaban en la puerta.
En este procedimiento Eduardo Zaplana, que siempre ha negado los hechos, se enfrenta a una pena, tal y como le reclama Fiscalía Anticorrupción, de 19 años de prisión por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa dentro del conocido como caso Erial. Además, le reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros.
El fiscal anticorrupción cifra en 20.606.364 euros el total del dinero obtenido de forma delictiva mediante operaciones de corrupción por parte de Zaplana y su organización, un grupo que operaba a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico, según consta en la calificación de la acusación pública.
De este importe, 6.734.026 euros fueron decomisados en cuentas suizas. En total, el fiscal acusa, junto con Zaplana, a otras 14 personas más, vinculadas directamente al 'expresident' y que le ayudaron en la operativa.
De ellos, reclama la mayor pena de prisión, tras el exministro, al que fuera su jefe de Gabinete, Juan Francisco García, para el que pide 14 años de cárcel por blanqueo, cohecho y falsedad, la misma condena que solicita para los hermanos Vicente y José Cotino, adjudicatarios de los planes eólico y las ITV tras el proceso cuestionado. En la causa estuvo también investigado hasta su fallecimiento Juan Cotino, exconseller y expresidente de las Cortes Valencianas, sobrino de los anteriores.
Según señala el fiscal en su escrito, la venta de las participaciones de las empresas de las ITV y Parques Eólicos reportó a la empresa de los Cotino, en las distintas sociedades controladas por los hermanos, más de 86,5 millones de euros, «lo que justifica el alto importe de las comisiones abonadas por las adjudicaciones».
"financiero"
Junto con Zaplana, el fiscal sostiene que otras tres personas formaban el núcleo duro de la organización criminal: Francisco Grau, a quien considera el «financiero» de la organización y encargado de gestionar los fondos y Joaquín Miguel Barceló, el testaferro, que aparecía «al exterior» en las sociedades mercantiles y titulaba el dinero que acabó distribuido en sociedades de Luxemburgo, Panamá y cuentas de Andorra (donde se localizaron 9,8 millones de euros). Para ambos reclama ocho años de prisión y 20 millones de euros de multa por organización criminal y blanqueo, al igual que para la exsecretaria del expresident, Mitsouko Henríquez.
Además de estos acusados, figuran los hermanos Elvira y Saturnino Suances, --ella exdiputada del PP--, como los administradores y encargados de recuperar el dinero de Andorra y para los que pide cinco años de prisión y multa de ocho millones de euros; el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, con intervención en la adjudicación de ese plan eólico, y para quien reclama seis años de cárcel, y una serie de empresarios y amigos que «colaboraron» para ocultar la procedencia delictiva del dinero y auxiliaron a Zaplana para el aprovechamiento del dinero retornado a España para su uso personal.
Entre estos últimos se encontrarían Francisco Pérez López; Ángel Salas; Robert Edgar Bataouche; Pedro Romero y Carlos Gutiérrez, que se enfrentan a siete años de cárcel el primero y a cinco años de cárcel el resto.