Durante el juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia hispalense contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, un comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargado de la investigación ha expuesto cómo mediante una sociedad instrumental del sindicato, fueron acometidos «anticipos y pagos mensuales» a diversos cargos de UGT-A e incluso fue sufragado un viaje de Manuel Pastrana a Costa Rica.
Durante esta segunda sesión del juicio ha comparecido como testigo este comandante de la UCO que lideraba la investigación policial de este caso, por el cual se han sentado en el banquillo de los acusados el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
Tiempo atrás, recordémoslo, el juez instructor Juan José Vélez decretó el sobreseimiento de las actuaciones respecto al exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su «situación de incapacidad sobrevenida», así como con relación a otras siete personas.
Según el Juzgado de Instrucción número nueve, encargado de investigar el asunto, entre 2009 y 2013, mediaron «procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias», incurriendo en ello en «la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido», que eran «la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado».
«En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato», explicaba el juez instructor, según el cual «el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros».
A partir de los ere
Este comandante de la Guardia Civil, en respuesta al fiscal Anticorrupción Fernando Soto, según el cual UGT-A «solicitaba que sus proveedores falseasen las facturas para engañar a la Junta, institucionalizando el fraude con un pacto con sus proveedores»; ha narrado que la línea de investigación que condujo a este asunto nació durante las pesquisas correspondientes a la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a los fondos autonómicos, marco en el que los agentes detectaron «posibles irregularidades o fraude» respecto a fondos públicos asignados a UGT-A para labores de formación para el empleo.
Ahondando en las indagaciones, según este comandante, los investigadores de la UCO detectaron que UGT-A contaba con un «depósito financiero» que la propia organización denominaba como «bote» y que se nutría de las diferencias o excedentes a su favor fruto de la facturación de las empresas proveedoras con las cuales contrataba servicios, con cargo a las subvenciones que recibía de la Junta de Andalucía.
La base de la investigación, según sus palabras, fue la documentación y materiales intervenidos en la sede de UGT y demás registros acometidos, así como el disco duro sobre su contabilidad depositado por UGT-A en una Fiscalía y las comparecencias de personas pertenecientes al ámbito del sindicato, como el extrabajador Roberto Alejandro Macías Chaves, condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por filtrar a medios de comunicación «información reservada y sensible» del sindicato sobre estos hechos pero no a las autoridades policiales o judiciales.
A tal efecto, ha dado cuenta de un «informe» elevado a la Comisión Ejecutiva Regional (CER) de UGT-A sobre «la situación de cada bote», así como de la contratación de una empresa de servicios informáticos para la creación de un «software» específicamente diseñado para la «gestión del bote», pues era necesario «controlar» el uso de las citadas «diferencias» económicas que conservaba el sindicato.
Sin comunicar los "descuentos" a la junta
Del mismo modo, ha manifestado que las empresas proveedoras de UGT Andalucía hacían «descuentos» al sindicato por determinados «volúmenes» de compra durante periodos concretos, si bien tales descuentos no eran «comunicados al órgano gestor» de la fiscalización de las ayudas autonómicas sobre las que se sustentaban los gastos, pese a que ninguna legislación dispone que circunstancias así estén exentas de su debido reflejo documental, según este agente.
Este comandante de la UCO ha pormenorizado además que con cargo al citado «bote» cosechado por UGT-A fruto de la diferencia a su favor entre lo realmente gastado y lo facturado para la justificación de las ayudas autonómicas para la formación para el empleo, habrían sido pagados «banderas, camisetas, abanicos tipo Pay Pay», más de 2.000 maletines para una convención y otro tipo de «gastos de la actividad sindical» de UGT-A.
Incluso pesaría la contratación a la empresa de mobiliario de oficina Chavsa de una obra en Huelva por valor de casi 1,2 millones de euros.
También ha profundizado en el papel de la empresa Soralpe, manifestando que se trataría de una sociedad instrumental de UGT Andalucía, porque «su única actividad es para UGT», carecía «ingresos diferentes» a los vinculados con el sindicato y Enrique Goicoechea, administrador único de la entidad, sería además miembro de UGT.
Mediante Soralpe, según ha precisado este investigador a preguntas del fiscal, habrían sido pagadas «determinadas cantidades» de entre 900 y 3.000 euros con carácter «mensual» o «anticipos» a responsables de UGT Andalucía como Pepa Castillejo o Dionisio Valverde, figurando además con cargo a esta entidad un «viaje a Dublín» (Irlanda) de la responsable de UGT Andalucía María Navarro o un Viaje de Manuel Pastrana a Costa Rica. Ello, sin que según sus palabras consten devoluciones de los beneficiarios de las cantidades.
No era su "función"
Ello, cuando según este comandante de la UCO, «parecería que la función» de esta entidad «no debería ser» el pago de gastos de este tipo.
Es más, este mando de la Guardia Civil ha detallado que Soralpe habría servido para cosechar dinero de «alquileres ficticios», pues la empresa contaba «en usufructo» con las sedes de UGT-A y alquilaba las aulas a IFE, la fundación de formación de UGT Confederal, para las tareas de formación.
Este agente ha manifestado así que gracias a este «modus operandi», UGT-A Andalucía obtuvo una «financiación muy importante», si bien ha alertado de que se no se trata de un sistema «exclusivo» de esta organización regional del sindicato, sino que esta «forma de actuar» habría sido constatada también en «otras provincias».