El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha asegurado que entre la documentación remitida esta misma mañana por la Junta de Andalucía «no figura» el proyecto de la desaladora de la Axarquía, en Málaga, toda vez que ha apuntado que a fecha de hoy el Gobierno de España «no ha recibido el proyecto adaptado» para la nueva desaladora de Bajo Almanzora II del levante almeriense.
Así lo han aclarado desde el Ministerio después de que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural haya calificado de «falsa» la información en torno a la financiación de los proyectos de desalación que el Gobierno de España tiene la obligación de acometer en el Levante almeriense y en la comarca de La Axarquía, tal y como establece el Plan Hidrológico Nacional vigente desde hace años.
De este modo, el Miteco ha apuntado que el acuerdo «establece, tanto para Cataluña como para Andalucía, que son las comunidades quienes aportan proyecto y terrenos para las nuevas desaladoras», precisando que ha recibido esta mañana información sobre la obra de la de la Axarquía, en Málaga, «en la que se da cuenta de la disponibilidad de terrenos», pero entre la documentación remitida «no figura el proyecto».
En el caso de la nueva desaladora de Bajo Almanzora II, ha señalado que la Junta de Andalucía «remitió un documento técnico en agosto de 2023, el cual fue analizado por Acuamed, que incorporó una serie de requerimientos»; sin embargo, añade, «a fecha de hoy el Gobierno de España no ha recibido el proyecto adaptado».
En este sentido, el Gobierno ha concretado que para llevar a cabo actuaciones de este tipo se debe remitir en primer lugar el proyecto y la disponibilidad de terrenos y, después, se realiza la declaración de impacto ambiental y la licitación y ejecución, al tiempo que ha añadido que cualquier administración «puede acometer» una obra de este tipo«, ya que »no es competencia exclusiva del Estado".
Por último, el Ministerio ha especificado que esta dos obra fueron incluidas en el Real Decreto Ley 4/2023, que estableció medidas para paliar los efectos de la sequía, «por petición de la propia Junta de Andalucía».