La consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge, ha reivindicado la valentía de la exministra Irene Montero frente del Ministerio de Igualdad en la pasada legislatura y ha pedido a la nueva titular, Ana Redondo, no dar «ni un paso atrás» y seguir avanzando en la garantía de derechos de las mujeres en ámbitos como el judicial, con formaciones en perspectiva de género a todos los jueces españoles.
«Lo que no podemos permitirnos es que en un momento en el que los feminismos han irrumpido con fuerza en las instituciones nos estemos autocensurando desde las mismas instituciones. La respuesta siempre debe ser más feminismo, más derechos. Especialmente ante la ola reaccionaria de la extrema derecha», ha advertido la consellera en una entrevista de Europa Press.
Cree que Montero impulsó medidas y leyes que eran necesarias como la reforma del aborto y la Ley del 'solo sí es sí', entre otras, aunque aclara que eran cambios que se «habían de impulsar» desde el Ministerio al ser competencia estatal, y ha lamentado que hay ámbitos como el poder judicial en los que, a su parecer, las políticas feministas no se están desarrollando lo suficiente.
Lo ha ejemplificado con la proposición de reforma de la Ley del 'solo sí es sí' presentada por el PSOE, que el Senado aprobó definitivamente con los votos a favor de socialistas, PP y PNV y el rechazo de Podemos, una modificación que Montero atribuyó a un «error garrafal» del Ministerio de Justicia, entonces en manos de la exministra socialista Pilar Llop, ahora con Félix Bolaños al frente.
Verge ve necesario desplegar políticas feministas desde Justicia porque «la falta de formación judicial tiene una grave consecuencia para la vida de las mujeres», ya sea en casos de violencia sexual, como en casos con un grave riesgo para la vida de las mujeres y en feminicidios.
Apuesta por formar a los jueces en perspectiva de género, no solo aquellos que forman parte de tribunales especializados, porque en casos de separación o de divorcio, en los que se dirimen temas civiles y familiares y pueden acabar en otros juzgados de primera instancia que no son especializados, «están fallando las leyes y la atención a las víctimas de violencia machista».
«Ahí nos la estamos jugando, por ejemplo, con las custodias. Las custodias que, en casos en los que existan indicios de violencia machista, no necesariamente sentencias, sino indicios, deberían ser el máximo de garantes evitando la comunicación o cualquier tipo de visita con el padre agresor», ha defendido la consellera.
"es un deber clarísimo del estado"
Para Verge es «un deber» del Estado incorporar la formación obligatoria a los responsables del poder judicial para dejar de revictimizar a las mujeres y ha exigido también que impulse mecanismos para que, cuando haya incumplimientos que afecten a las víctimas, se responda con medidas sancionadoras y de no repetición.
«Este es un deber clarísimo que tiene el Estado que debe hacerse desde el Ministerio de Justicia. Y por eso también, cuando pedimos toda la firmeza al Ministerio de Igualdad, es porque las políticas feministas deben impulsarse por parte de todo el Gobierno, pero el Ministerio de Igualdad tiene la responsabilidad de coordinar».
"cambiar el paradigma" de la acogida
Preguntada por las políticas de acogida del Estado, asegura que deben «reforzarse y cambiar el paradigma» porque el modelo centralizado vigente hasta ahora no funciona, según ella, y, del mismo modo que lo ha reclamado en la anterior legislatura, pedirá cambios a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
En concreto, desde el Govern reclaman co-decisión en las políticas de migraciones y de refugio, así como una distribución de recursos que sea ajustada: «No vale que el Estado se quede con todos los fondos europeos en el ámbito del refugio y que decida unilateralmente el número de plazas que se crean en los distintos territorios», ha sostenido.
Verge ha remarcado que no cuestionan el volumen de personas que llegan a Catalunya porque «el país tiene esa capacidad de acogida», pero exige poder decidir dónde es más idóneo que vayan estas personas y cuáles son los tipos de alojamiento más adecuados para una acogida a corto o medio plazo y poder realizar, así, una planificación de los servicios públicos catalanes.