La consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha presentado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, el «Plan de Concordia Democrática, Reconciliación, Recuerdo y Reconocimiento de las víctimas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa». El objetivo, ha expuesto, es «unir a los aragoneses en torno a la Constitución».
En su intervención, Hernández ha apelado al «tradicional carácter pactista de los aragoneses para las grandes empresas», en la confianza de que cuando la Carta Magna cumpla los 50 años, en 2028, «podamos manifestar con orgullo su fortaleza y vigencia», expresando que «la Constitución supuso la consagración definitiva de un régimen democrático de pleno derecho y consenso entre todas las fuerzas políticas».
«Gracias a ese consenso, la Constitución está a punto de cumplir los 45 años de vigencia y se dirige a los 50, pese a los ataques y el menosprecio que está sufriendo últimamente», ha manifestado Tomasa Hernández, emplazando a «preservar la concordia, el respeto y la convivencia que nos han ayudado a llegar a este punto».
Ha defendido los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia y pluralismo, enfatizando que el pasado de España «es el que es» y que uno de los objetivos del plan es «proteger la dignidad de todas las víctimas», también las que son «fruto de la intransigencia» en el actual periodo constitucional, cuyo recuerdo es «una obligación moral preservar».
Este plan es «una hoja de ruta» enmarcada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha dicho la consejera, proclamando que «todos somos iguales ante la ley» y que «todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, dotados de razón y conciencia».
Ha mencionado algunas actuaciones recogidas en el plan, como la identificación y exhumación de las víctimas de la violencia, recalcando que «todo tipo de violencia merece la inclusión en el plan, sin reescribir los hechos» y que las víctimas de ETA y del terrorismo islámico también son víctimas. Ha urgido a «neutralizar los potenciales efectos de los discursos discriminatorios, difamatorios o de odio».
Otras medidas son el tratamiento integral a las víctimas, «fijar elementos para el recuerdo y el respeto a todas ellas», reconocer su dignidad, «independientemente de su ideología y circunstancias personales», fomentar la investigación histórica y sociológica de la violencia por motivos ideológicos, difundir los valores democráticos, crear espacios expositivos y de creación artística, así como crear un espacio digital que recoja la memoria de todas las víctimas.
Por otra parte, ha tildado de «sectaria» la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que se derogará a iniciativa de PP y VOX, señalando que «ninguna institución tiene el monopolio de la interpretación de la historia» y que «un Parlamento no puede legislar sobre el pasado».
Grupos
La diputada del PP Ana Marín ha apostado por «no remover más nuestro pasado, sino mirar hacia el futuro», subrayando que «no por chillar más se oye mejor; al contrario, se distorsiona y se pierden argumentos por el camino». También ha indicado que la Constitución «ha dado a España los 45 mejores años» y ha dicho que la Ley de Memoria Democrática «no trata a todas las víctimas por igual».
El diputado del PSOE Daniel Alastuey ha considerado que el plan presentado por la consejera «viene a camuflar la mayor desfachatez del PP, plegándose a los intereses de VOX», en alusión a la próxima derogación de la Ley de Memoria Democrática, que PP y VOX anunciaron el pasado 20 de noviembre, lo que para Alastuey fue «un acto de exaltación del franquismo».
El portavoz de VOX, Santiago Morón, ha dejado claro que su partido reconoce «el deber de las administraciones públicas de satisfacer la justa demanda de localización de las víctimas de la violencia política o persecución religiosa durante la Guerra Civil, los años anteriores y posteriores, con independencia de su credo o militancia, cualquiera que fuera el bando en que militaran». Ha apoyado la derogación de la Ley de Memoria Democrática.
Desde CHA, José Luis Soro ha defendido la Ley de Memoria Democrática, recalcando que es «constitucional» y que «une» a todas las víctimas, criticando que se anunciara su derogación el 20N, «el día más franquista del año».
Para el portavoz de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, «hay cuestiones importantes que deberían ser fruto del acuerdo», pero son motivo de confrontación «una vez más». Ha defendido que continúe vigente la Ley de Memoria Democrática.
El diputado de Podemos, Andoni Corrales ha señalado que la Ley de Memoria Democrática ya dice que es «para todas las víctimas» y el diputado de IU, Álvaro Sanz ha rechazado «el rodillo inmisericorde» de PP y VOX, «los únicos que están haciendo historia de la política».
En representación del PAR, Alberto Izquierdo, ha garantizado el apoyo de su partido a «todo lo que tenga que ver con la concordia y el entendimiento», urgiendo a «no convertir los conflictos en un arma arrojadiza».