El proceso de renovación del Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios ha comenzado con la elaboración y publicación de la orden de convocatoria de las bases que regirán la designación y nombramiento de los representantes aragoneses en este órgano en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).
La vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha participado este lunes en la sesión plenaria de este organismo, que ha considerado «fundamental» para «garantizar los derechos de los aragoneses».
Vaquero ha subrayado la trascendencia del Consejo para velar por el buen desarrollo de una labor que los aragoneses realizan todos los días de su vida, como es consumir, que forma parte de los hábitos sin importar el lugar de residencia, los gustos o intereses, todos lo hacemos de acuerdo a nuestras posibilidades.
Por esa razón, ha insistido en la importancia de que se realice con «garantías de éxito y de seguridad», de manera que los aragoneses sepan que cuando adquieran un bien o demanden un servicio «contarán con la protección de las administraciones si se produce cualquier tipo de abuso», ya que el Gobierno de Aragón «no mirará a otro lado cuando se produzca una mala praxis».
«Los ciudadanos aspiran a vivir tranquilos, sin sobresaltos y con una red de seguridad que los proteja cuando lo necesitan, porque no se nos puede olvidar en ningún momento, cuando recurren a nosotros es porque están padeciendo un momento de indefensión que requiere de actuaciones urgentes», ha comentado.
Composición y funciones del consejo
El Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios está compuesto por 13 miembros en representación de las asociaciones de consumidores inscritas en el registro existente en el Departamento competente en la materia y de las cooperativas de consumidores con una mayor implantación y un número más elevado de asociados en el ámbito de la comunidad. A ellos hay que agregar a dos representantes designados por la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria.
Sus funciones son proponer la participación de las diferentes entidades en los órganos colegiados, organismos y entidades, formular propuestas de interés para la protección y defensa de los consumidores, asesorar a las administraciones, solicitar información sobre las materias que afecten a los consumidores, llevar a cabo estudios específicos en la materia y realizar cuantas funciones le sean encomendadas.