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Una comisión de investigación de las Cortes de Aragón investigará el despliegue de las renovables

El portavoz parlamentario del PP Aragón, Fernando Ledesma. | CORTES DE ARAGÓN.

| Zaragoza |

El Pleno de las Cortes de Aragón ha acordado este jueves crear una Comisión de investigación sobre la implantación de las energías renovables en la Comunidad Autónoma y sobre cómo ha actuado en este proceso el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) en este proceso.

Los grupos parlamentarios de PP y VOX han presentado esta iniciativa, que han votado a favor junto con Aragón-Teruel Existe, CHA, PAR, IU y Podemos, sumando 42 votos favorables de los 67 escaños totales, mientras que el PSOE se ha abstenido.

El portavoz del grupo popular, Fernando Ledesma, ha afirmado que esta iniciativa «es un ejemplo más del cumplimiento de los compromisos electorales».

Ha apostado por intensificar el consumo de energía renovable en Aragón y ha rechazado implantar esta tecnología «en toda la extensión territorial», sino «intentar compaginarlo con el turismo», alertando de «las ansias desarrollistas que pudieran haber contagiado al anterior Gobierno sin los necesarios controles», lo que ha causado «inseguridad jurídica, daños ambientales y un perjuicio reputacional a las renovables».

«Es necesario aclarar si ha habido irregularidades, si ha habido empresas que han podido ser beneficiadas, si hubo o no presión por parte del Gobierno autonómico», ha continuado Ledesma, emplazando a «depurar» las posibles irregularidades para «devolver la confianza al sector y ahondar en la transparencia».

El diputado de VOX, Juan Francisco Vidal, se ha preguntado si el anterior Ejecutivo regional aplicó la Ley de Cambio Climático, «que señala que el despliegue de las renovables debe llevarse a cabo con la adecuada ordenación territorial» y si antes de «esta carrera desenfrenada» el Gobierno de Javier Lambán buscó «otras alternativas más razonables como la energía nuclear o la cogeneración de energía altamente eficiente».

También ha planteado si el anterior Ejecutivo tuvo en cuenta a las comunidades locales y a los territorios afectados, el impacto en su entorno y las soluciones que se propusieron «para corregir los perjuicios ocasionados». Otra pregunta que ha formulado es «por qué muchas instalaciones se troceaban en 50 megawatios siendo una de las principales adjudicatarias un grupo empresarial que se beneficiaba» y era «propiedad de unas pocas familias amigas».

Vidal ha cuestionado «quién dio el visto bueno a todo este entramado empresarial, que no dudó en fichar a la cúpula de Medio Ambiente del Ejecutivo, si existieron presiones por parte de responsables del Gobierno de Lambán sobre el INAGA y quiénes fueron los responsables políticos de la designación de las concesiones».

Aragón, motor de las renovables

La parlamentaria del PSOE Leticia Soria ha aseverado que el anterior Gobierno autonómico, presidido por Javier Lambán, consigue «poner orden» con un decreto-ley de medidas urgentes y ha abogado por conseguir que Aragón sea uno de los principales motores de las renovables, añadiendo que «no se trata de arrojar sombras sobre el sector».

Para el portavoz de Aragón-Teruel Existe, el despliegue que se ha realizado de las renovables ha provocado «la mayor agresión ambiental de la historia y la pérdida de potenciales recursos en las comarcas» por «el nulo respeto a las zonas de gran valor ambiental».

En representación de CHA, Joaquín Palacín ha dejado claro que su partido no se opondrá «a nada que suponga más transparencia política», indicando que «si se tiene sospechas de irregularidades hay que ir a los juzgados, no hacer comisiones en las Cortes».

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha defendido la implantación de las renovables y se ha preguntado «qué otra fórmula hay» para conseguir los objetivos de la descarbonización, tras lo que ha animado a investigar en relación a «las dudas» sobre los expedientes «y quedarnos tranquilos»

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha considerado que «estaría muy bien analizar lo sucedido, pero eso no es óbice para planificar con urgencia», y ha rechazado «la política del ruido», en la confianza de que esta comisión de investigación «no se convierta en una herramienta política que sirva --a sus promotores-- para no hacer sus deberes, ordenar y planificar».

Desde Podemos, Andoni Corrales ha señalado que su partido ya ha criticado «que han hipotecado el territorio por no hacer las cosas bien desde el principio», en alusión al «abuso» por parte de las grandes empresas.


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