El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, ha negado la existencia de acoso sexual en este organismo, conclusión a la que se ha llegado tras varias investigaciones, y ha asegurado que, por contra, sí se mantienen abiertos expedientes a dos funcionarias por presuntas filtraciones de datos confidenciales relacionados con este asunto.
Llinares ha comparecido este martes en la comisión de Economía de Les Corts tras solicitarlo el grupo parlamentario 'popular' para aclarar los posibles casos de acoso sexual en la Agencia así como la apertura de los procedimientos disciplinarios llevados a cabo contra dos trabajadoras.
El director de la Agencia ha comenzado su intervención explicando los supuestos casos de acoso que han concluido con un archivo. Ha narrado que el asunto surge con la elaboración de un Plan de Igualdad para la entidad, ante el que se contrató a una empresa especializada que realizó unas encuestas a los trabajadores, de forma individual y anónima, y dos de ellos --de 47-- respondieron que en contadas ocasiones habían sufrido acoso. Previamente se habían firmado documentos de confidencialidad y se recordó el deber de secreto.
A partir de ese momento, ya en el mes de junio, Llinares dio órdenes para aplicar medidas y protocolos contra el acoso en la Agencia. Por parte de la empresa que hizo los informes se indicó que había un nivel mínimo de gravedad y no recomendaba poner la situación en conocimiento de la Fiscalía.
No obstante, desde la Agencia se trató el asunto como de «extrema gravedad», ha dicho, se insistió en denunciar cualquier tipo de acoso y se pedía colaboración para aclarar la situación. Transcurrido un mes, ante la ausencia de denuncias y la inexistencia de información de ningún hecho de acoso, se recordó al personal la existencia de canales de denuncia.
En el mes de octubre se mandó un escrito en el que se hacía constar por parte de una trabajadora que no tenía conocimiento de ningún caso de acoso sexual denunciable, que «otra cosa era algo dicho de mal gusto», y que no quería denunciarlo porque «no era para ello». «También aludía a un ambiente respetuoso y cordial en la Agencia», ha agregado Llinares.
De esta forma, se propuso por unanimidad el archivo de las actuaciones al no poder identificar situaciones, hechos o personas relacionadas con ningún tipo de acoso sexual y el 16 de octubre se ratificó el archivo.
"injurias y falsedades para destruir"
El tiempo que ha durado esta investigación, ha lamentado Llinares, ha habido filtraciones a la prensa y ha habido «indefensión»: «No se ha respetado la confidencialidad y se ha generado indefensión al personal de la Agencia. Se han divulgado injurias y falsedades para destruir la reputación de la plantilla. Tal vez el propósito era destruir a la Agencia, pero cuestionar la honorabilidad del personal funcionario ha sobrepasado todos los límites», se ha quejado.
Como consecuencia de estas filtraciones, Llinares ha aludido --en su segunda parte de la intervención-- a la apertura de expedientes disciplinarios a dos funcionarias de la Agencia: «Cuando se publicaron en medios de comunicación datos de la encuesta interna de la Agencia y comentarios sobre correos de personal, sin autorización de sus autores, se rompieron los deberes de confidencialidad», ha dicho.
Ante la «gravedad» de estos hechos, ha proseguido, se abrió un expediente reservado y se obtuvieron pruebas de la extracción de información a través de dos cuentas corporativas de dos funcionarias, sobre las que se ha abierto un expediente disciplinario que todavía se está investigando para ver a qué afecta y si hay más personas involucradas.
Para recabar esta información se hizo un rastreo en el sistema de la comunicación electrónica de la Agencia, según ha explicado, «centrado en frases y palabras concretas que se publicaron ilegalmente. No se vieron correos electrónicos de nadie, ni corporativos ni personales. Fue un rastreo tecnológico», ha aclarado.
Así, se solicitaron medidas cautelares sobre una de las expedientadas de suspensión de empleo y parte del sueldo, aunque el TSJCV lo rechazó. Sobre la segunda no se requirió nada al estar de permiso.
Tras escucharle, el diputado del PP Fernando Pastor ha pedido a Llinares que profundizara en los presuntos intereses para destruir la Agencia mientras que el socialista José Muñoz le ha planteado si algo está fallando tras abrirse una investigación por acoso que ha acabado con la apertura de dos expedientes por supuestas filtraciones.
"¿por qué ha pasado esto?"
Al respecto, Llinares, quien ha lamentado haber escuchado durante meses «infamias», se ha preguntado: «¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué no afloran otros planes de igualdad de otros organismos pero sí el de la Agencia? Todo lo que se ha ido publicando sobre el acoso... ¿Por qué? Y hay un momento en que pienso que el abogado de las expedientadas es el mismo del caso Azud, de Jaime Febrer. Y acabamos de presentar informes periciales por parte de la Agencia...», ha deslizado.
De esta forma, ha hecho alusión al exsíndic socialista Manolo Mata, letrado de Febrer y de las denunciantes. Un nombre que, a preguntas del PP, ha confirmado. «He soportado mucho en seis años y medio porque me tocaba, pero esta última campaña se sale de la comprensión. Luego vemos coincidencia, cuando durante estos meses recibo la visita de un responsable sindical para archivar los expedientes, cuyas funcionarias son de ese sindicato --en referencia a UGT--... Es una especulación posiblemente pero unir unas cosas con otras... Si no, no me lo explico».
Además, ha recordado que ese mismo sindicato «intentó acabar con la Agencia cuando yo estaba solo». «La Agencia --ha añadido-- molesta. Su trabajo molesta, y en vez de aceptar las recomendaciones, deciden desprestigiar al personal para poder atacar los informes judiciales que hacemos», ha lamentado.
Ante estas manifestaciones, Muñoz ha mostrado su «indignación»: «Que el director de la Agencia viertas estas acusaciones tan graves demuestra que se equivoca de plano. La Agencia no es de una persona sino que es un bien que debemos proteger», ha dicho tras asegurar que un abogado tiene derecho a defender a quien considere oportuno sin suponer un menoscabo de su independencia el hecho de pertenecer a un partido.