Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas e investiga a otra --propietaria de una explotación agraria-- como máximos responsables de una organización que explotaba a extranjeros en empresas y fincas de Dos Hermanas (Sevilla). Los jornaleros eran obligados a trabajar desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde con «escasos diez minutos» para beber agua y comer mientras eran «vigilados» por los responsables de cada cuadrilla. Trabajaban semidescalzados o en chanclas.
La investigación se inició cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de que en una finca nazarena se estaría cometiendo un delito contra los derechos de los trabajadores. Los agentes se personaron en una finca junto con la Inspección Provincial de Trabajo, pudiendo comprobar que allí se encontraba una cuadrilla de alrededor de 40 personas que, al percatarse de la presencia policial, salió huyendo campo a través, siendo finalmente alcanzados por los agentes.
Se pudo entonces comprobar que 37 personas estaban procediendo a la recogida de la aceituna en unas «pésimas condiciones laborales», encontrándose la mayoría de ellos semi-descalzos --con calcetines-- o en chanclas, sin contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social, se detalla en la nota remitida por el Cuerpo Nacional de Policía. Además, manifestaron que su jornada empezaba a las 06,00 horas de la mañana cuando se les recogía en diferentes vehículos y se les trasladaba a la finca sin saber hasta el último momento el lugar de trabajo, ni las condiciones del mismo.
Hacían su jornada sin descanso hasta las 18,00 horas, con «escasos diez minutos» para beber agua y comer algo mientras estaban siendo vigilados por los manijeros de la cuadrilla. Los agentes pudieron comprobar que de las 37 personas que conformaban esta cuadrilla, 33 eran ciudadanos extranjeros encontrándose 17 de ellos en situación irregular.
Como resultado de esta primera fase del operativo se continuó con la investigación en la que finalmente se consiguió detener a dos personas, quienes se encargaban de la contratación de personal, junto con un investigado, propietario de la finca, como responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores. Gracias a esta operación se ha puesto fin a la explotación laboral de cerca de 40 extranjeros.