El Gobierno de España en funciones, a través del Ministerio de Industria, Comerio y Turismo, ha destinado 24,71 millones de euros a 20 empresas industriales de Aragón en subvenciones relativas al mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, correspondientes a 2023.
En total, la resolución de concesión de esta ayuda a las comunidades autónomas, publicada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, asciende a 229 millones de euros, ha informado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en una nota de prensa.
Los 185 beneficiarios propuestos de las ayudas del ejercicio 2023, convocadas por Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 19 de mayo de 2023, desarrollan su actividad mayoritariamente en Asturias, que es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de ayudas, con el 21,1 por ciento del total; seguida de País Vasco, con el 18,3 por ciento, y Andalucía, con el 11,7 por ciento.
Por sectores, la mayor cuantía corresponde al sector de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones con el 33,3 por ciento, seguido del papel con el 20,3 por ciento.
El ministro de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Héctor Gómez, ha destacado que estas ayudas «muestran el compromiso del Gobierno con los sectores industriales y son un instrumento eficaz para mejorar su competitividad, reforzar sus capacidades industriales y el empleo en un momento donde es necesario aumentar el peso de la industria para acelerar la recuperación económica y afrontar con garantías la revolución industrial en la que nos encontramos».
Por otro lado, Gómez ha señalado que contar con un tejido industrial fuerte es una de las prioridades de la agenda del Gobierno de España, además de garantizar un precio de la energía competitivo. De igual manera, ha reconocido el esfuerzo presupuestario del Ejecutivo central «para ayudar a la gran industria que se pone de manifiesto con los 229 millones de euros que se acaban de adjudicar en compensación de CO2».
La Unión Europea permite a cada Estado miembro compensar los costes indirectos de las industrias de determinados sectores o subsectores a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de «fuga de carbono», debido a los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad.