El PNV y el PSOE se comprometen, en el pacto suscrito este viernes para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y para darle estabilidad, a negociar y aprobar en un plazo orientativo de un año y medio, desde que comience la próxima legislatura, en Euskadi --las elecciones serían en principio en junio-- un acuerdo de ampliación del autogobierno vasco, que se debe aprobar en el Parlamento autonómico y en las Cortes Generales, y será ratificado posteriormente por la ciudadanía vasca.
Para ello, se emplearán «las potencialidades» contempladas en la Disposición Primera de la Constitución, que ampara «los derechos históricos de los territorios forales». El documento, ratificado hoy con la firma del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y el propio Sánchez en el Congreso, recoge que dialogarán también sobre «reconocimiento nacional de Euskadi», la salvaguarda de competencias «y un sistema de garantías basado en la bilateralidad».
El texto también compromete al Ejecutivo estatal a efectuar los traspasos de las materias pendientes de transferir a Euskadi en los primeros dos años de legislatura.
El PSOE y el PNV subrayan que, «conscientes de la necesidad de proceder a la constitución de un Gobierno, convienen en firmar este pacto», por el que los jeltzales se comprometen a votar favorablemente la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y a dar estabilidad de la legislatura, que está «sujeta a los avances y cumplimiento» de los compromisos que han adquirido.
En primer lugar, en lo que se refiere al autogobierno vasco, ambas partes comparten que «las aspiraciones de una mayoría de la sociedad vasca, en términos generales, se agrupan en dos grandes ámbitos de forma permanente: garantizar el autogobierno mediante su actualización y ampliación, y el relativo al reconocimiento nacional de Euskadi».
También apuntan que «la andadura iniciada por la sociedad vasca en el marco institucional y de autogobierno definido por su Estatuto ha constituido una base sólida sobre la que cimentar las aspiraciones y nuevas competencias para el autogobierno».
A juicio de socialistas y jeltzales, es necesario «dialogar sobre posibles soluciones en un marco de negociación, encontrando las vías políticas y democráticas para su resolución». De esta forma, coinciden en que «el autogobierno vasco debe entrar con urgencia en una nueva fase de desarrollo y ampliación».
Compromisos
En base a estas reflexiones, se comprometen a «negociar y aprobar, tanto en Euskadi como con el Estado, el autogobierno futuro, empleando las potencialidades de la Disposición Adicional Primera de la Constitución y de la Disposición Adicional del Estatuto de Gernika».
En este sentido, manifiestan su compromiso de «negociar de buena fe y sacar adelante un acuerdo, tanto en el seno de las instituciones vascas como en las Cortes Generales, siendo posteriormente ratificado por el pueblo vasco el acuerdo alcanzado».
Además, subrayan que "el reconocimiento nacional de Euskadi,
la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad serán ámbitos a dialogar y negociar entre ambos partidos".
Según especifican, el acuerdo alcanzado «deberá responder a las demandas mayoritarias del Parlamento de Euskadi, que, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Gernika, representa legítimamente al pueblo vasco».
Plazo de año y medio
El plazo orientativo para culminar este proceso de negociación y acuerdo no superará el año y medio desde el inicio de la nueva legislatura vasca.
En el texto, socialistas y jeltzales acuerdan la creación de una comisión bilateral «para el seguimiento e impulso de los hitos y acuerdos aquí comprometidos en materia de autogobierno futuro». Asimismo, se comprometen a «culminar el autogobierno presente con la transferencia a Euskadi de las competencias aún pendientes en el plazo improrrogable de dos años».
En este sentido, ambas partes manifiestan que el Estatuto de Gernika «supuso poner las bases del autogobierno vasco tras la dictadura y ha constituido, sin duda, un instrumento valioso de vertebración para la sociedad vasca y la mejora de su bienestar».
«La apuesta por su aprobación fue un acierto y la sociedad vasca ha avanzado en términos sociales, económicos y culturales. Sin embargo, tras más de cuatro décadas, sigue habiendo competencias que aún no han sido transferidas a las instituciones vascas, por lo que es necesario abordar este déficit», manifiestan.
Comisión bilateral permanente
Por ello, se creará una comisión bilateral permanente entre los Gobiernos del Estado y el vasco. Además de las reuniones de trabajo que se establezcan, cada seis meses deberá reunirse de forma presencial con la asistencia del presidente del Gobierno y del lehendakari.
Al mismo tiempo, en el documento el Gobierno de España se compromete a implementar «de manera inmediata una agenda de reformas y transferencias con una incidencia positiva sobre el bienestar social y el progreso económico de Euskadi, comenzando con el cumplimiento de las competencias de Euskadi establecidas en el vigente Estatuto».
En este sentido, se procederá en los dos primeros años de legislatura a la negociación y a efectuar los traspasos correspondientes de las materias pendientes de transferencia, según el listado acordado por ambos Ejecutivos en la legislatura anterior. «Y, en su caso, se procederá a remover los obstáculos legales que impidan un mayor ejercicio del autogobierno», afirman.
En consonancia con lo anterior, el Gobierno del Estado se compromete a que «todos los proyectos de ley que afecten a competencias de la Comunidad Aautónoma Vasca contarán, en su caso, con una cláusula foral que se acordará previamente con el PNV».