El Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona ha notificado a la ex consellera de Salut y actual vicepresidenta del Parlament de Catalunya, Alba Vergés, su condición de investigada en la causa abierta sobre el supuesto retraso en la vacunación contra el coronavirus a policías y guardias civiles destinados en Catalunya cuando estaba al frente del departamento.
El auto, consultado por Europa Press y que acuerda el archivo para dos personas también investigadas, se ha hecho público este jueves, después de que la Fiscalía pidiera la imputación de Vergés en la causa abierta.
Además, como tiene la condición de aforada, el magistrado le da un plazo de veinte días para que decida si quiere prestar declaración de forma voluntaria.
Denuncia sindicatos
Las diligencias arrancaron tras la denuncia presentada por el Sindicato del Cuerpo Nacional de Policía-Justicia Policial (Jupol) y por la Asociación de la Guardia Civil-Justicia Civil (Jucil) el 12 de abril de 2021 por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos de los trabajadores.
La Conselleria de Salud de la Generalitat inició el 12 de febrero de 2021 la vacunación de los colectivos profesionales como Fuerzas de Seguridad del Estado y otros.
Según un informe, el 24 de marzo de 2021 el porcentaje de vacunación de los Mossos d'Esquadra era del 77%; de la Policía Local, 68,9%; de los Bombers de la Generalitat, 69,8%; de la Guardia Urbana de Barcelona, 77,9%, y de los Bombers de Barcelona, 66,9%, mientras que el porcentaje de la Policía Nacional era del 3,6% y el de la Guardia Civil del 2,8%.
"disparidad de vacunación entre cuerpos"
«La disparidad de vacunación entre los Cuerpos de Seguridad dio lugar a que los sindicatos policiales Jupol y Jucil interpusieran un recurso contencioso-administrativo contra el departamento», añade el auto, y solicitaron medidas cautelares consistentes para reanudar la vacunación de Guardia Civil y Policía Nacional.
El auto sostiene que «lo que realmente produjo la constatada disparidad en el proceso de vacunación se debió a la decisión adoptada por los altos cargos del Departament de Salut, que acordaron el 24 de marzo de 2021 paralizar la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil en Catalunya que tuvieran menos de 60 años», una decisión arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria, en palabras del juez.
VERGÉS DIO INSTRUCCIONES DE PARALIZAR
El escrito también argumenta que Vergés dio instrucciones en marzo de 2021 a los responsables de Salud Pública, a través de una miembro de su gabinete en un mensaje de WhatsApp, para detener la vacunación a policías nacionales y guardias civiles: «La consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo».
En la causa, además de Vergés y el ex secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, permanecen investigados otros cuatro cargos de la Conselleria durante la pandemia.