La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha decidido suspender el juicio de la pieza 'K' del caso Imelsa, relativa a presuntas irregularidades en adjudicaciones por parte de los Ayuntamientos de Requena y Enguera a empresas vinculadas con Mariano López, exsuegro del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado 'yonki' del dinero, para incorporar el bruto de los correos y las comunicaciones intervenidas a los acusados y que obran en el Juzgado de Instrucción, en la pieza principal.
Así lo ha acordado el tribunal este jueves, día que se han expuesto las cuestiones previas relativas a esta pieza --que suma cinco acusados- por parte de abogados defensores y del ministerio fiscal. Se ha fijado una nueva vista para el 2 de abril en la que los acusados, tras pedirlo sus letrados, declararán al final.
Inicialmente en esta pieza había seis los acusados, pero finalmente se ha retirado la acusación sobre uno de ellos, el empresario Fernando Palomares, por cuestiones de salud. Así, los encausados son el exalcalde 'popular' de Requena Javier Berasaluce; los exalcaldes de Enguera Santiago Arévalo (PP) y Óscar Martínez (PSPV); el exsuegro de Benavent, Mariano López; y un funcionario de la Diputación de Valencia.
En el turno de cuestiones previas, el letrado Manolo Mata, representante de Óscar Martínez, ha planteado varias ideas de nulidad y, además, se ha quejado de que en esta pieza no obran todos los correos, mensajes y otras comunicaciones intervenidas a los acusados que sí están en la pieza principal, lo que les genera indefensión.
Entre otros, este abogado se ha referido a un correo entre un representante de CCOO y el empresario Fernando Palomares que exculparía a su cliente de los cargos y que, sin embargo, no había sido trasladado a las partes y ni había sido tenido en cuenta por la Unidad Cenral Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes.
El letrado ha aludido a que las defensas no han tenido la causa íntegra para su valoración y se ha referido a que la documental ha sido «castrada» por la Unidad Cenral Operativa (UCO) de la Guardia Civil. «Nos genera indefensión que la UCO transcriba un mensaje de mi cliente, correos o conversaciones pero jamás aporta ningún correo o conversación que conteste a los primeros», ha dicho. «Es endiablado», ha lamentado.
El tribunal, tras estudiar esta reclamación, ha decidido admitirla y ha ordenado incorporar a esta pieza, la 'K', el volcado íntegro de correos y comunicaciones de todos los dispositivos electrónicos de los acusados que están en la pieza principal. Por este motivo, ha suspendido el juicio y ha ordenado que se reanude el 2 de abril --se prolongará hasta el día 5--. «Para ver toda esta documental, tenemos que tener cierto tiempo», ha señalado la presidenta del tribunal.
Dilaciones o derecho a la intimidad
Así mismo, Manolo Mata ha alegado dilaciones indebidas, vulneración del secreto de comunicaciones, del derecho a la intimidad o el derecho a tener la causa íntegra para calificar. Además, ha señalado que se han superado los plazos de instrucción puesto que los hechos que obran en esta pieza se empezaron a investigar en 2019 --con testificales u otras actuaciones-- y «no hay ni un auto que declare compleja la causa ni ninguna prórroga», lo que generaría, a su juicio, una nulidad de imputación de su representado y de su declaración judicial.
Este abogado también ha advertido de que se ha vulnerado el principio de juez natural predeterminado para tramitar esta pieza y, por todo, ha pedido la nulidad de todas las actuaciones o que se devuelva la causa a instrucción para que se traslade íntegramente a los abogados y puedan calificar.
El fiscal se ha opuesto a todos estos argumentos. Ha indicado que no se han superado los plazos de instrucción puesto que esta pieza, en concreto, se incoó en febrero de 2021 y se han ido practicando diligencias, «con lo que no ha pasado ni un año» desde su inicio. Así mismo, ha aseverado que no sabe dónde están las medidas técnicas prospectivas ni la vulneración del derecho a la intimidad del representado de Mata. «No he visto ninguna», le ha contestado.
Además, el ministerio público ha afirmado que la presunta vulneración del juez natural es una cuestión de legalidad ordinaria y esto «no puede vulnerar el derecho de defensa del acusado». «El juez es el que instruye y da igual que por las formas de reparto, sea uno u otro», ha apostillado. Y en relación con el trabajo de la UCO, ha afirmado que se trata de una Guardia Civil «especializada» y su trabajo «no puede causar indefensión a las partes», ha destacado.
Por su parte, David González, abogado de Mariano López, ha pedido también la nulidad de las actuaciones al alegar que los letrados se han visto indefensos porque no han sido capaces de acceder a toda la documentación de la causa. Así, ha aludido a una falta de las garantías procesales y ha lamentado que a su representado, «un gran empresario», «siempre se le vaya a recordar por el 'suegro' sin una sola prueba o indicio contra él», ha remarcado. Frente a este argumento, el fiscal ha afirmado no entender en qué se ha causado indefensión y ha recordado que si un letrado no tiene toda la documentación, «se pide en el juzgado o en la Audiencia». El tribunal resolverá en sentencia la práctica totalidad de las cuestiones previas planteadas a excepción de la que ha admitido de los correos.
La pieza
En esta pieza de Imelsa se han investigado supuestas irregularidades en contratos firmados por los Ayuntamientos de Enguera y Requena con dos empresas --Servimun y Técnicas Legales Administrativas-- entre 2013 y 2015, una de ellas, según el fiscal, gestionada «en la sombra» por López.
Fiscalía acusa a López de conseguir contratos públicos en perjuicio de la libre competencia y publicidad, lo que conllevaba una presunta desviación de fondos públicos, ya que no se realizaban los servicios firmados en el contrato.
En cuanto a Requena, se cuestiona el pago de dos facturas de 14.520 euros y de 59.518,45 euros a una de las empresas de López por unos trabajos relacionados con la inspección de deuda oculta relacionada con el ICIO y el IAE; respecto a Enguera, se cuestiona un contrato de apoyo a la actividad inspectora por 60.000 euros, aunque solo se pagó una factura de 3.000 euros. Además, otro alcalde de Enguera pagó 21.780 euros a una empresa de López por un asunto relacionado con la legalización de un camping en la localidad, servicio diferente al contratado en un inicio.
A los acusados el fiscal atribuye en diferente grado delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias, un delito de negociación prohibida a los funcionarios y falsedad documental y reclama una pena de 12 años de prisión para Mariano López; cinco años de cárcel y 15 de inhabilitación para Berasaluce; seis años de prisión y otros 15 de inhabilitación para Arévalo y Martínez; y siete años de cárcel y 10 de inhabilitación para el funcionario de la Diputación. Además, solicita una indemnización de 14.500 euros para el Ayuntamiento de Requena y de 24.780 euros para el de Enguera.