Dos exdirigentes de la Conselleria de Igualdad han negado ante el juez haber dado algún tipo de instrucción relacionada con el expediente abierto por los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del exmarido de la exvicepresidenta de la Generalitat y exconsellera Mónica Oltra, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de los testimonios.
Así se han pronunciado Miquel Real, exjefe de gabinete de la exvicepresidenta y Francesc Gamero, exsubsecretario de la Conselleria, en su declaración en calidad de investigados en el Juzgado de Instrucción número 15 de València, órgano que investiga un presunto encubrimiento y la apertura de una investigación paralela de los abusos sexuales a la víctima, una menor tutelada, por parte del exmarido de Oltra, un educador.
Precisamente Oltra, acompañada de otros cargos de Compromís como el diputado en el Congreso Alberto Ibáñez o el exsenador Carles Mulet, se ha acercado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València para prestar su apoyo a los dos investigados que han declarado este jueves.
La exconsellera se ha quedado en la zona de acceso a la Ciudad de la Justicia, junto al resto de miembros de Compromís, y han permanecido alrededor de unos cinco minutos allí.
Minutos después, sin coincidir, ha llegado también a la Ciudad de la Justicia el diputado en el Congreso por Vox y cabeza de lista por Valencia, Carlos Flores, y el edil en el Ayuntamiento José Gozálbez --cuya formación ejerce la acusación 'popular'--, que sí que han accedido al edificio. Flores ha permanecido dentro unos 20 minutos y ha asegurado, mientras se alejaba, que la instrucción es «un asunto de interés público».
Por su parte, tras declarar, Real, que ha salido del edificio de la Ciudad de la Justicia alrededor de las 18.30 horas, ha rechazado hacer declaraciones a los medios por «respeto» tanto a su excompañero en la Conselleria que comparecía a continuación como al procedimiento judicial. Sí que ha confirmado que ha contestado a todas las preguntas que le ha formulado el juez y a alguna del fiscal. Pasadas las 19 ha salido Gamero sin hacer ninguna declaración a los medios.
Miquel Real ha explicado al juez, según ha podido saber Europa Press, que fue el 4 de agosto de 2017 cuando se enteró de los supuestos abusos del exmarido del Oltra después de que ésta le llamara para informarle de que el educador había recibido una citación del juzgado. Esta versión coincidiría con lo que declaró la exvicepresidenta en el juzgado.
Pasados cuatro días, el 8 de agosto, fue cuando se puso en contacto con Gamero para trasladarle el asunto, se enteró del auto del juzgado de Instrucción dictado sobre el procedimiento y, a partir de ahí, ya no hizo nada más ni comentó nada con Oltra. Solo retomó el asunto para preparar la comparecencia de la exconsellera en Corts en 2021.
Por su parte, Gamero ha señalado ante el juez que tras hablar con Real se percató de que se habían recibido varios escritos de la Fiscalía y no se habían contestado, con lo que ordenó darles respuesta y «máxima colaboración» con el ministerio público.
El exmarido de Oltra fue condenado en diciembre de 2019 a cinco años de prisión, condena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y pendiente de recurso al Supremo, que se resolverá el día 13.
"una pena", "no recuerdan"
La coordinadora jurídica nacional de Vox, Marta Castro, ha asegurado a los medios, tras las declaraciones, que es una «pena» que los investigados no hayan querido contestar a las preguntas de su formación ya que únicamente han respondido a juez y fiscal.
A su juicio, los investigados «no recuerdan gran parte de los detalles» en «una estrategia de defensa, lógicamente organizada para la defensa» de Oltra y ha sostenido que cuando acabe la instrucción hay preguntas que deberían tener respuesta como «por qué no se contestó a Fiscalía cuando fueron requeridos» sobre la situación de la menor denunciante de los abusos.
Por su parte, Alberto Ibáñez, ha subrayado, también en declaraciones a los medios, la «excepcionalidad democrática que estamos viviendo» cuando «la misma gente que está intentando utilizar las garantías del Estado de Derecho aquí dentro --de la Ciudad de la Justicia-- es la que se está manifestando ahora delante de las sedes de los partidos políticos democráticos e intentar rodear el Congreso de los Diputados».
El diputado ha apelado a «recuperar los consensos democráticos que han hecho que podamos desarrollar una sociedad madura y moderna» porque es importante que «seamos muy conscientes de la gravedad que supone pervertir las garantías del Estado de Derecho para crear casos que persigan finalidades políticas y, sobre todo, lo que persiguen es menospreciar a la soberanía nacional que reside en el pueblo y es una cuestión que a la extrema derecha no le ha gustado nunca».