El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha desgranado este lunes en Zaragoza algunos de los cambios que considera que tiene que abordar el futuro Gobierno de España a lo largo de la nueva legislatura, entre los que ha destacado el compromiso de afrontar todo lo relacionado con la salud y la seguridad en el trabajo, la reducción de la jornada laboral hasta las 35 horas semanales, como paso previo hacia las 32 horas, o cambiar la legislación relativa a los despidos improcedentes.
En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en una asamblea de delegados en Zaragoza, el dirigente sindical ha afirmado, en primer lugar que, si el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez, logra una mayoría en el Congreso de los Diputados para ser investido «se deben consolidar las mejoras de los últimos cuatro años», como la reforma laboral o el sistema de pensiones.
En todo caso, ha confiado en que se conforme un gobierno «clara y nítidamente europeísta y sin ninguna concesión a la extrema derecha».
A la vez, ha continuado, la nueva legislatura debe servir para «sentar las bases» de los cambios que se tienen que producir, como todo lo relacionado con la salud y la seguridad en el trabajo, que el nuevo Ejecutivo, si se forma, «tiene que afrontar de manera inmediata».
En este sentido, Álvarez ha apuntado que existe un compromiso de crear un grupo de trabajo para elaborar una nueva ley de prevención de riesgos laborales, que debe actualizarse, a su juicio, para que los miembros de los comités de prevención tengan más formación, al igual que el conjunto de los trabajadores, y más facultades.
Salud mental
No obstante, para el secretario general de UGT, la «gran ausente de las relaciones laborales en nuestro país» es la salud mental, tanto desde la perspectiva de la prevención como del tratamiento. «En las mutuas, ni está ni se la espera», ha lamentado.
Ha afirmado que las mutuas sólo tienen 70 psicólogos y 18 psiquiatras contratados para toda España, con lo que «escasamente se llega a uno por provincia», cuando en una parte «muy importante» se trata de enfermedades profesionales.
Por su parte, el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, ha afirmado que hay un «contador de la vergüenza», en referencia a las más de 30 personas fallecidas en el trabajo este 2023 en Aragón, una cifra que casi alcanza los 500 muertos en toda España.
«Tenemos que hacer algo y tenemos propuestas para llevar al Gobierno de Aragón», ha subrayado, entre las que ha citado reforzar la Inspección de Trabajo o la creación de la figura del delegado territorial de prevención.
A ello ha sumado la formación para los delegados y que esta se extienda a todos los trabajadores, independientemente del sector. El objetivo es que todos sepan los riesgos que tiene cada puesto.
«No es de recibo que, en el sector de la construcción, los autónomos, que son un tercio de los trabajadores, no estén obligados a tener la formación que marca el convenio», ha puntualizado, para añadir que «tampoco puede ser que cualquier trabajador agrícola pueda manejar una maquina gigantesca como son las cosechadoras o las vendimiadoras y sólo se le exija el carné de conducir». En su opinión, la formación es «la única manera que hay de que evitemos los accidentes mortales».
Reducción de la jornada laboral
Por otro lado, Álvarez ha manifestado que su organización quiere que el Gobierno central aborde la reducción de la jornada laboral y ha apostado por la jornada de 35 horas «en el camino a las 32» y los cuatro días de trabajo a la semana, después de que la ley no se modifique desde 1984. «Los 40 años sin tocar la jornada máxima de trabajo nos parece excesivo», ha comentado.
Ha explicado que, en estos 40 años, se ha multiplicado «por mucho» la capacidad de producción de los trabajadores, lo que hace necesaria una revisión del tiempo de trabajo. Ha considerado que, para avanzar hacia la jornada de 32 horas, antes tiene que establecerse por ley la jornada laboral máxima de 35 horas semanales.
El lema de UGT es «trabajar menos para vivir mejor», además de para tener en cuenta la formación profesional continúa, que se realiza muchas veces en horas de tiempo libre y que «es evidente» que ha provocado un aumento en lugar de una reducción del tiempo de trabajo.
Despidos improcedentes
Asimismo, el secretario general de UGT ha planteado un cambio en la legislación relativa a los despidos improcedentes, a la espera de una resolución del Comité de Derechos Sociales de la UE «que será favorable a los intereses de los trabajadores y trabajadoras de España».
Dicha resolución, ha asegurado, va a modificar el despido individual para tener en cuenta también diversos elementos relacionados con la formación del empleado o la capacidad para encontrar trabajo. Por tanto, «vamos a un aumento del precio del despido», ha anotado Álvarez, quien ha señalado que esto ya ha ocurrido en otros países en los que se han presentado denuncias similares, como Francia o Italia.
El dirigente sindical ha remarcado que «España tiene la posibilidad de legislar en esa materia», aunque la sentencia se cumpla «de manera inmediata». En este sentido, ha considerado que se debe avanzar hacia un despido disuasorio «de seis meses mínimo de indemnización» en el caso de los despidos improcedentes.
Del mismo modo, ha apuntado que quieren hablar del despido y de sus causas «desde una perspectiva más general» en el caso de los colectivos, así como participar «de manera más abierta» en las políticas de desarrollo que se están llevando a cabo a través de los PERTE o los fondos Next Generation.
Se ha congratulado de que, seguramente, en Europa, tras los resultados electorales en Polonia, habrá un gobierno «no europeísta» menos, puesto que, probablemente, habrá un cambio de fuerza al frente del país.
«Es una gran noticia que en Polonia se acabe con ese gobierno conservador de ultraderecha que ha ido cercenando los derechos de los ciudadanos polacos y que, además, pueda entrar un gobierno que pueda remar en la dirección que nos interesa, que es una dirección de construcción de más y mejor Europa», ha remachado.
También en clave internacional, además de «la denuncia y la condena a la agresión terrorista perpetrada por Hamás en Israel», Álvarez ha recalcado que hay que decir «clara y nítidamente» a este estado que «todo no sirve».
A su juicio, Israel «tiene que respetar el derecho internacional» y «el derecho a la existencia del Estado palestino», así que ha condenado también las agresiones a los civiles que «malviven» en la Franja de Gaza y que «ahora ni siquiera van a poder malvivir», ha lamentado.
Pepe Álvarez ha aprovechado su visita a la capital aragonesa para inaugurar un salón de actos en el Centro de Formación Profesional Arsenio Jimeno, que gestiona el sindicato, que llevará el nombre del exsecretario general de UGT, Nicolás Redondo.
El edificio, además, va a autoabastecerse de energía gracias a la instalación de placas solares. «Hoy el futuro del medio ambiente es una de las cuestiones fundamentales que tenemos que preservar desde toda la sociedad, incluidas las organizaciones sindicales», ha precisado.