El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preside la Comisión para la Reforma del Régimen de Capitalidad de Madrid ante las «carencias» que presenta tras más de quince años de vida, cuando se aprobó «en el marco de un proceso de concertación entre la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de Madrid, presidido por la lealtad institucional y la colaboración interadministrativa», recoge el decreto firmado por el regidor y consultado por Europa Press.
Si bien la aprobación de la Ley de Capitalidad «debe considerarse un hito para la ciudad, su contenido adolece en la actualidad de varias carencias, debidas tanto a la falta de adaptación a la legislación estatal aprobada desde entonces, como a la no inclusión en el texto de determinadas regulaciones de importancia, como las relativas al régimen financiero».
Por otra parte, «la propia evolución en la estructura económica y social de la ciudad de Madrid, como capital del Estado y gran ciudad metropolitana requiere dotar al Ejecutivo municipal de las competencias y de las herramientas necesarias para afrontar la gestión de un entorno urbano cada vez más cambiante e innovador».
La comisión pone en marcha un «proceso de análisis que permitirá realizar las correspondientes propuestas de modificación y modernización del régimen de capitalidad, que serán trasladadas a la Junta de Gobierno para su valoración».
Expertos en régimen local
Bajo la presidencia de la Alcaldía, la comisión se integra por personal del Ayuntamiento de Madrid, expertos del ámbito universitario y juristas de reconocido prestigio en materia de régimen local. La selección de expertos y de los participantes en los grupos de trabajo se realizará con la colaboración del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en el marco del convenio que se mantiene desde su participación en el proceso de elaboración de la Ley de Capitalidad.
En el Pleno celebrado la pasada semana, Almeida anunció que está previsto que los trabajos finalicen en el primer semestre de 2024. Entonces derivarán en un texto que será sometido a las administraciones para aprobarse en las Cortes Generales.