La Audiencia de Sevilla ha condenado a dos años de prisión y a cuatro años de inhabilitación absoluta a un empresario de Huelva, por un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación, derivados de 75.000 euros obtenidos por este hombre fruto del mecanismo mediante el cual la Junta de Andalucía financiaba expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos o incluso innecesarios y ayudas arbitrarias y sin publicidad.
Así ha sucedido este jueves en una vista celebrada por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, donde el encausado, Antonio C.L., responsable de la empresa Plantas y Flores Castejón, ha reconocido los hechos que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción, según la cual la Junta de Andalucía concedió a este empresario una subvención de 100.000 euros en el marco de los fondos de los ERE, cobrando el mismo exclusivamente el primer tramo de la ayuda, de 75.000 euros.
Gracias a un acuerdo de conformidad alcanzado entre la defensa del acusado, la Fiscalía, la representación de la Junta de Andalucía como acusación particular y el PP andaluz como acusación popular, el inculpado ha admitido los hechos y ha aceptado una pena de dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación absoluta, con la obligación además de indemnizar con 75.000 euros a la Administración andaluza.
La defensa del inculpado ha solicitado la suspensión de la pena de prisión, alegando que el mismo carece de antecedentes penales; respondiendo el tribunal que tal petición será resuelta en la fase de ejecución de la sentencia, de cara a la cual la representación de Antonio C.L. ha presentado un plan de pagos para satisfacer los mencionados 75.000 euros.