La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha afirmado este jueves, en Zaragoza, que está «a disposición» de sus compañeros de partido, Podemos, de cara la legislatura que ahora comienza para «seguir avanzando con más profundidad en los derechos feministas».
Se ha expresado así en declaraciones a los medios de comunicación en el Palacio de La Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, que acoge este jueves el Evento de Alto Nivel 'La garantía efectiva de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Europa', organizado por el Gobierno de España con motivo de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. «No hemos ido demasiado rápido ni lejos, sino justo al ritmo que quiere la sociedad», ha aseverado Montero.
A esto ha añadido: «Lo que hacemos es útil y ésta tiene que ser una legislatura en la que profundicemos» en las políticas feministas, indicando que los últimos meses han sido «muy duros» en lo referente a los asesinatos machistas, de manera que «cada vez más mujeres necesitan las puertas de entrada al Estado y las instituciones para reparar el daño».
Montero ha recordado que su Ministerio ha propuesto destinar 1.000 millones de euros cada año a la lucha contra las violencias machistas y 1.000 millones para el sistema público de conciliación.
Garantía de los derechos
En el evento, Irene Montero ha recomendado «esa España y Europa feministas, comprometidas con la garantía de los derechos de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos, el aborto, la educación sexual en todas las etapas educativas» para impulsar «la ciudadanía plena de las mujeres».
Ha comentado que se han sumado 14 países europeos a la Declaración Ministerial Conjunta y que está a la espera de que se incorporen Irlanda y otros. Montero ha reivindicado el derecho al aborto, «fundamental para garantizar el acceso de todas las mujeres a la ciudadanía plena», también los derechos sexuales y reproductivos, la salud menstrual, el acceso a los anticonceptivos, la educación sexual obligatoria.
Por otra parte, ha expuesto que ha saludado a la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández (VOX). En este punto, ha considerado que «es bueno que quienes niegan los derechos de las mujeres puedan estar representados, es la mejor vacuna democrática: Democracia y feminismo frente a negacionistas de la violencia machista».
Ley trans
Asimismo, la ministra de Igualdad en funciones ha aludido a la denegación a un militar de la solicitud de cambio de sexo, por parte de un tribunal de Las Palmas de Gran Canaria, porque su objetivo es utilizar este cambio para ascender.
«La Ley Trans es segura, el Estado de Derecho funciona perfectamente, tenemos un Estado seguro que aplica sus leyes», ha manifestado Montero, añadiendo que esta ley pretende «salvar la deuda histórica» con este colectivo con medidas como el reconocimiento de su derecho a la libre determinación de género, la prohibición de las terapias de conversión, el reconocimiento de los derechos para las personas lesbianas y bisexuales y, en general, «ampliar las posibilidades de felicidad de todas las personas».
Declaración
En la cita en la capital aragonesa se ha aprobado una Declaración Ministerial Conjunta sobre la Garantía de la Salud Sexual y los Derechos Sexuales y Reproductivos en la Unión Europea.
El documento señala que «la UE está comprometida con la promoción, la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos de las mujeres y las niñas».
Asimismo, el texto indica que los derechos sexuales y reproductivos «son parte inherente del derecho a la salud, pero también son derechos humanos de todas las mujeres y niñas a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y vidas».
«La UE ha reafirmado, en numerosas ocasiones, su compromiso con la promoción, la protección y el cumplimiento del derecho de toda persona a tener pleno control y a decidir, libre y responsablemente, sobre cuestiones relacionadas con su sexualidad y su salud sexual y reproductiva, sin sufrir discriminación, coacción ni violencia, a llevar una vida sana y a participar en la economía y en la vida social y política».
Igualmente, "la UE ha insistido en la necesidad de un acceso universal a una información y una educación de calidad y asequible en
materia de salud sexual y reproductiva, que incluya una educación sexual integral y servicios de atención sanitaria".
"reacción violenta"
Los firmantes de la Declaración advierten de que "la actual reacción violenta contra los derechos de las mujeres, incluida su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, tanto dentro como
fuera de la UE, está amenazando los avances conseguidos con tanto esfuerzo, así como las leyes vigentes".
Por este motivo, los firmantes declaran que "la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos son cruciales para el derecho de todas las mujeres y niñas a la autodeterminación. Las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, tienen derecho a tener pleno control y a decidir libre y responsablemente sobre todas las cuestiones relacionadas con su sexualidad y su salud sexual y reproductiva, libres de discriminación, coacción, violencia, de la llamada
violencia relacionada con el honor y de otras prácticas nocivas".
«La salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos son parte inherente de la igualdad de género y del derecho a la salud; la violencia sexual y de género, virtual y no virtual, viola los derechos humanos y afecta a la salud sexual y reproductiva».
Además, «la participación de hombres y niños, como agentes y beneficiarios del cambio y aliados estratégicos para la igualdad de género, es clave para desafiar y combatir con éxito las normas sociales, los estereotipos de género y las restricciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos».
Han emplazado a los Estados miembros de la UE a garantizar el acceso universal a la salud sexual y a los derechos sexuales y
reproductivos.
"El acceso a servicios de salud integrales, de calidad y asequibles, en particular para los adolescentes, que les permitan tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y su vida reproductiva, y protegerse adecuadamente de los embarazos no deseados, de todas las formas de violencia sexual y de género
y de las prácticas nocivas, así como de las infecciones de transmisión sexual".
Del mismo modo, «el acceso al aborto seguro y legal y a la atención post-aborto. Adoptar también medidas específicas para asegurar el derecho de las mujeres y las niñas a acceder a los servicios de salud, garantizar la prestación de estos servicios por el sistema público de salud y dentro de un alcance geográfico razonable, y garantizar que el debido reconocimiento de la cláusula de conciencia individual del personal médico no obstaculice el ejercicio de estos derechos».
"El derecho de las personas menores de edad a ser escuchadas y a
decidir por sí mismas, en función de su edad y madurez, como manifestación de su interés superior; que todas las personas en edad reproductiva tengan acceso a tratamientos de fertilidad".
"El acceso sin discriminación a una atención a la maternidad, al embarazo y al parto de alta calidad, accesible, basada en la evidencia y respetuosa con todas las personas, garanticen la aplicación del principio de consentimiento libre e informado
y condenen enérgicamente cualquier forma de abuso, incluida la violencia ginecológica y obstétrica".
Han emplazado a garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito del mercado de trabajo y en las relaciones laborales, mediante el reconocimiento de derechos laborales específicos vinculados a la salud y a los derechos sexuales y
reproductivos y a combatir los estereotipos, la desinformación, la falta de educación y los tabúes relacionados con la menstruación.