La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, cree que la amnistía a los enjuiciados por el 1-O es posible legalmente, pero necesita un consenso amplio: «No puede ser con la mitad en contra».
Lo ha dicho al intervenir en una mesa redonda sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, organizada por el Institut I+Dret del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), en la que también han participado el catedrático de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Gonzalo Quintero; el profesor de Derecho Constitucional y letrado del Parlament, Joan Ridao, y la profesora de la Universitat de Barcelona (UB), Mar Aguilera.
La ha moderado la decana de la Facultad de Derecho y Empresa de la Universitat Abat Oliva (UAO), María Jesús Pesqueira, tras la presentación de la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, y el decano del Icab, Jesús Sánchez.
Salinas ha remarcado que la amnistía no implica el perdón, sino el olvido del delito; ha valorado que para una amnistía se debe hacer un «análisis de beneficios y perjuicios, y si se considera que los beneficios son superiores vale la pena, es posible».
Se ha mostrado a favor de una ley de amnistía y también ha defendido que ésta tenga un carácter restaurativo, suponga una reparación del daño y que "tenga en cuenta a las distintas víctimas.
Joan ridao: comporta "juicio político"
Ridao ha valorado que la amnistía «comporta un cierto juicio político sobre hechos del pasado, puede ser un juicio muy severo o prudente»; ha dicho estar plenamente convencido de su constitucionalidad y ha asegurado que no colisiona con el valor de justicia que recoge la Constitución.
También ha defendido que «los hechos que debería incluir esta amnistía en su momento no deberían de haber sido objeto de persecución penal, no significa que no fueran un ilícito de otro tipo», y cree que los indultos crearon las condiciones de equidad para abordar un conflicto político.
Mar aguilera: "en principio" es constitucional
Respecto a si la Constitución permite una amnistía, Aguilera ha planteado que «en principio sí, dependerá de muchos elementos», y que los argumentos a favor o en contra de hacerla son políticos.
Ha incidido en que el indulto es una figura muy diferente de la amnistía, y ha planteado: «¿Si se da esta amnistía significa que se está reconociendo que lo que pasó durante el 'procés', todos estos afectados, lo que sucedió fue desproporcionado? ¿Que las penas y la respuesta del Estado fue desproporcionado?».
Gonzalo quintero: hace falta "otro tipo de ley"
Por su parte, Quintero ha insistido en que «la inexistencia del pronunciamiento constitucional no significa que esté prohibido», en referencia a que la amnistía no consta en la Constitución pero sí en normas con rango de ley o inferiores.
Ha explicado que el Gobierno busca hacer una 'ley de alivio penal', y ha valorado: «Lo que se pretende es obviar causas abiertas, causas cerradas, condenas posibles y condenas existentes. Materias penales y materias no penales, con una selección determinada con criterio subjetivo».
«Eso cabe en cualquier cosa menos en una ley que se llame de amnistía. Hay que hacer otro tipo de ley pero no una de amnistía, porque esto no tiene nada que ver con la amnistía», ha aseverado.